Las delegaciones de la Argentina y el Reino Unido comenzaron hoy las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, en una instancia clave de la disputa por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. La administración de Gobierno de Javier Milei busca que la corte internacional ordene medidas provisionales para impedir que Londres avance con las actividades hidrocarburíferas en el archipiélago y su plataforma continental.
La audiencia comenzó a las 6 de la mañana, hora argentina (10 en Alemania), con la presencia de los representantes de ambos países y de los jueces del tribunal. El planteo argentino, anunciado el 28 de septiembre y formalizado mediante una presentación de 49 páginas el 13 de octubre, apunta a frenar el desarrollo del proyecto Sea Lion, un yacimiento ubicado a unos 200 kilómetros de las islas, cuyas reservas se estiman en 1.700 millones de barriles de petróleo.
La iniciativa está impulsada por las compañías Rockhopper Exploration, del Reino Unido, y Navitas Petroleum, de Israel, que proyectan iniciar la explotación entre 2027 y 2028.
La decisión que adopte el Tribunal tendrá una relevancia particular para la posición argentina. El escenario que se debate es si los jueces consideran que existen fundamentos para ordenar medidas cautelares y evitar que avance la explotación mientras continúa la controversia o si, por el contrario, entienden que no tienen competencia para intervenir en un conflicto atravesado por una disputa de soberanía.
Los argumentos de la Argentina ante el Tribunal del Mar
El presidente del TIDM, Maurice Kamga, abrió la audiencia y presentó a las partes. La delegación argentina está integrada, entre otros, por el consejero legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal; el especialista en derecho internacional Marcelo Kohen y el exjuez ad hoc del Tribunal del Mar Nico Schrijver.
En su exposición inicial, Oyarzábal aclaró que la Argentina no pretende que el organismo resuelva la cuestión de fondo, es decir, la soberanía sobre las Islas Malvinas, ni que se pronuncie sobre la delimitación de los espacios marítimos. El objetivo, explicó, es impedir que el Reino Unido adopte decisiones que puedan modificar de manera irreversible la situación de los recursos naturales mientras permanece pendiente la resolución de la controversia.
El funcionario recordó los reclamos argentinos, las resoluciones internacionales que respaldan la posición del país y los intentos de mantener instancias de diálogo y cooperación. También cuestionó la decisión británica de avanzar con el proyecto petrolero y sostuvo que Londres había manifestado su intención de continuar con la explotación según lo previsto.
Oyarzábal vinculó la presentación argentina con el agravamiento de la disputa y sostuvo que el caso involucra cuatro conjuntos de derechos contemplados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
El primero es la protección de los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental mientras se resuelve la controversia. El segundo apunta a impedir que el Reino Unido adopte medidas unilaterales que alteren de manera irreversible esa plataforma mediante la explotación de recursos no renovables.
El tercer eje se relaciona con la obligación de ambas partes de resolver sus controversias de manera pacífica y de abstenerse de adoptar conductas que puedan agravar el conflicto u obstaculizar una solución. Para ello, la Argentina invocó los artículos 279 y 300 de la Convención.
El cuarto argumento está vinculado con la protección del medio marino. Según la posición argentina, las actividades británicas no deben impedir que el país cumpla con sus obligaciones internacionales de preservar y proteger el ambiente en la zona marítima en disputa.
Las cuatro medidas cautelares que reclama el Gobierno
Los argumentos expuestos ante los jueces se corresponden con las cuatro medidas provisionales que la Argentina solicitó formalmente al Tribunal en octubre.
1- Frenar el proyecto Sea Lion: ordenar la suspensión de las actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte e impedir que comience la extracción de petróleo prevista para los próximos años.
2. Restringir el uso de la información obtenida: evitar que los datos y conocimientos reunidos durante las tareas de exploración sean utilizados en perjuicio de los derechos argentinos o transferidos a terceros con ese propósito.
3- Proteger el medio marino: impedir que las actividades británicas obstaculicen el cumplimiento de las obligaciones argentinas de preservar y proteger el ambiente marino en el área en disputa.
4- Evitar nuevas decisiones unilaterales: exigir al Reino Unido que se abstenga de adoptar medidas que profundicen la controversia, en particular la concesión de nuevos permisos para explotar recursos en la plataforma continental disputada.
El antecedente de Ghana y Costa de Marfil
En otra parte de la presentación, Marcelo Kohen sostuvo que el Reino Unido no puede modificar unilateralmente la plataforma continental en disputa ni avanzar con la explotación de sus recursos hidrocarburíferos.
El especialista argumentó que la controversia por la soberanía de las Malvinas no impide que el Tribunal examine los derechos y las obligaciones de ambos países en el marco de la Convemar, aun cuando el conflicto territorial permanezca sin resolver.
Kohen consideró que existen fundamentos jurídicos suficientes para dictar medidas provisionales y que los derechos invocados por la Argentina son plausibles. También sostuvo que resulta indispensable preservar el statu quo e impedir nuevas perforaciones y actividades de explotación para evitar un daño irreparable.
En ese sentido, cuestionó la información presentada por el Reino Unido, al considerar que no ofrece garantías suficientes de que las actividades petroleras vayan a detenerse.
Tanto Kohen como Oyarzábal y Schrijver recurrieron a antecedentes del propio Tribunal del Mar para respaldar la posibilidad de que se dicten medidas cautelares. Entre ellos mencionaron los casos vinculados con Ghana, incluido el diferendo entre ese país y Costa de Marfil por la delimitación de su frontera marítima en una zona del océano Atlántico con importantes recursos de petróleo y gas.
En abril de 2017, el Tribunal resolvió la controversia de fondo y estableció la frontera marítima entre ambos países. Antes de ese pronunciamiento, había dispuesto medidas provisionales para impedir nuevas perforaciones que pudieran agravar el conflicto en el área disputada.
Ese antecedente es considerado por la delegación argentina como un ejemplo de la capacidad del organismo para intervenir y preservar los derechos de las partes mientras se tramita una controversia internacional.
La respuesta del Reino Unido
La delegación británica, que también cuenta con representantes de las autoridades de las islas, debía exponer sus argumentos en la segunda parte de las audiencias. Sin embargo, Londres ya había anticipado su rechazo a la intervención del Tribunal.
La fiscal general británica, Ellie Reeves, afirmó al diario "The Times" que el Reino Unido cuestiona la jurisdicción del organismo de Hamburgo para examinar el planteo argentino sobre las Malvinas y que defenderá su derecho a desarrollar las actividades petroleras en el archipiélago.
En las semanas previas, el Gobierno británico también designó como juez ad hoc a Vaughan Lowe, reconocido especialista en derecho internacional y profesor de la Universidad de Oxford. La figura permite incorporar un magistrado designado por una de las partes cuando no cuenta con un juez de su nacionalidad entre los integrantes del Tribunal.
La Argentina, por su parte, designó a Raúl Vinuesa para ocupar ese lugar durante el procedimiento, debido a que la jueza argentina Frida Armas Pfirter, vicepresidenta del organismo, se excusó de intervenir por sus antecedentes profesionales en cuestiones vinculadas con la Cancillería y la plataforma continental.
El canciller Pablo Quirno había anticipado la posición del Gobierno el lunes por la noche, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
“Exigimos el cese inmediato de las actividades ilegítimas que llevan a la explotación petrolera en Malvinas. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras pretenden llevarse nuestros recursos”, escribió. También convocó a respaldar la presentación argentina y sostuvo que la defensa de la soberanía constituye una causa nacional.
