Malvinas: la Argentina prepara su delegación para frenar el avance de la explotación petrolera británica

El Gobierno participará el 10 y 11 de noviembre de las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo.

Canciller Pablo Quirno. CANCILLERÍA
Canciller Pablo Quirno. CANCILLERÍA

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino expondrá el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo ante el Tribunal del Mar para frenar el proyecto petrolero británico Sea Lion en las Islas Malvinas.
  • El reclamo surge tras el rechazo británico a suspender las obras. La estrategia se enfoca en el daño ambiental y los recursos marítimos, sin entrar en el debate de soberanía.
  • Si el tribunal concede las medidas provisionales, se frenará el inicio de perforaciones previsto para 2027, sentando un precedente clave en la protección del lecho marino.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional prepara la delegación argentina que viajará a Alemania para participar de las audiencias del 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo. Allí, la Argentina buscará obtener medidas provisionales para frenar la explotación petrolera impulsada por empresas británicas e israelíes en las Islas Malvinas, a través del proyecto Sea Lion.

Según informó el portal TN, la Cancillería y los equipos jurídicos que intervinieron en la presentación trabajan en la definición de los funcionarios y especialistas que representarán al país durante las exposiciones. Aunque la composición definitiva todavía no fue comunicada oficialmente, el Gobierno ya designó al embajador Mario Oyarzábal como agente del Estado y a la embajadora Betina Pasquali de Fonseca como coagente ante el organismo internacional.

Oyarzábal, titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, tuvo un papel central en la elaboración del reclamo argentino y es uno de los nombres que aparecen con mayores posibilidades de participar presencialmente de las audiencias. Sin embargo, su designación formal no implica que su viaje esté confirmado.

La organización también contempla la eventual participación de la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzábal, y de la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio. Ambos organismos colaboraron en la preparación de la presentación argentina, aunque todavía no está resuelto si sus máximas autoridades viajarán a Alemania.

De acuerdo con TN, la Procuración del Tesoro aún no definió si enviará representantes. En el Ejecutivo consideran que los profesionales que trabajaron en la demanda cuentan con las herramientas necesarias para defender la posición argentina, sin que resulte indispensable trasladar a los principales funcionarios de cada área.

Los argumentos argentinos contra el proyecto Sea Lion

La presentación ante el Tribunal del Mar se produjo el 13 de octubre, después de que el Reino Unido rechazara las medidas solicitadas por la Argentina en el marco del procedimiento de arbitraje iniciado el 28 de septiembre, bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El reclamo busca impedir que avance el desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Malvinas Norte, donde las empresas Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, británica, impulsan el proyecto Sea Lion.

Según los planes de las compañías, las perforaciones de desarrollo comenzarían durante 2027 y la producción comercial podría iniciarse en 2028. Frente a ese escenario, la Argentina sostiene que la extracción de hidrocarburos y las posibles modificaciones del lecho marino podrían generar consecuencias irreversibles sobre los recursos y el ambiente.

El pedido argentino incluye cuatro medidas principales. Por un lado, pretende impedir que el Reino Unido autorice el inicio o la continuidad de las actividades de explotación petrolera. También busca restringir el uso de información obtenida durante las exploraciones en perjuicio de los derechos argentinos.

Los otros dos planteos apuntan a garantizar la protección del medio marino y evitar que se adopten nuevas decisiones que agraven la controversia, como el otorgamiento de licencias para avanzar con el emprendimiento.

Uno de los principales aspectos jurídicos del caso estará relacionado con la competencia del tribunal. La Convención sobre el Derecho del Mar contempla mecanismos para resolver controversias vinculadas con su interpretación y aplicación, pero no le otorga facultades generales para resolver disputas sobre soberanía territorial.

Por ese motivo, la estrategia argentina se concentra en defender sus derechos sobre los recursos marítimos y las obligaciones ambientales, sin solicitar que el organismo internacional se pronuncie sobre la soberanía de las islas.

Cuándo serán las audiencias y cómo se podrá seguir el reclamo

El cronograma establecido por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contempla dos jornadas de exposiciones. La Argentina tendrá la primera intervención el martes 10 de noviembre, entre las 10 y las 13, hora de Hamburgo. Ese mismo día, el Reino Unido responderá entre las 15 y las 18.

El miércoles 11 habrá una segunda presentación argentina, entre las 10.30 y las 12, mientras que la última exposición británica está prevista entre las 17.30 y las 19.

Las audiencias serán públicas y podrán seguirse en directo a través del sitio oficial del organismo. Luego, los jueces deberán determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para ordenar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que tendrá a su cargo el análisis de la controversia principal.

La instancia no implica que la Argentina haya obtenido una resolución favorable, sino que los magistrados deberán evaluar los argumentos de ambas partes antes de resolver sobre las medidas solicitadas.

La conformación de la delegación también estará atravesada por la agenda institucional del Gobierno. Las audiencias coincidirán con los últimos dos días de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esa estadía, el presidente Javier Milei tiene previstas distintas actividades oficiales, entre ellas un encuentro en la Casa Rosada.

Por otra parte, fuentes oficiales indicaron que el Gobierno no contrató estudios jurídicos alemanes ni firmas internacionales para intervenir en el litigio. La administración nacional considera que la defensa puede llevarse adelante con los agentes diplomáticos y los profesionales del Estado argentino.

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