El Gobierno disolvió el IOSFA: cómo se gestó el cierre de la obra social militar
La decisión se oficializó mediante el decreto 1286/2026, en medio de una deuda millonaria, recortes en las prestaciones médicas y reclamos de los afiliados. ATE denunció el riesgo de despidos y anticipó nuevas medidas de fuerza.
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional oficializó este miércoles en el Boletín Oficial la disolución y liquidación del IOSFA debido a una crisis financiera y millonarias deudas operativas.
- La decisión llega tras acumular deudas por más de $200.000 millones, cortes de prestaciones médicas y el fracaso de una división previa del sistema en dos nuevas entidades.
- ATE denunció 1.450 despidos y evalúa protestas, mientras persiste la incertidumbre sobre la cobertura sanitaria de los militares y la cancelación del pasivo acumulado.
El Gobierno nacional oficializó este miércoles la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), después de casi dos años de deterioro financiero, dificultades para garantizar la atención médica y conflictos con trabajadores y afiliados. La medida se formalizó mediante el decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial, y profundiza la reestructuración del sistema de cobertura sanitaria para militares y efectivos de las fuerzas federales de seguridad.
La normativa establece que el proceso de liquidación estará a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa. También dispone que la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) determine los puestos de trabajo necesarios y defina qué empleados serán transferidos. El resto del personal quedará sujeto a las disposiciones previstas en el decreto. En tanto, los trabajadores de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina que prestan servicios en el organismo deberán regresar a sus dependencias de origen.
La decisión se conoce en medio de las denuncias de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que cuestionó el cierre y advirtió sobre la situación laboral de los empleados. El sindicato denunció 1.450 despidos y anticipó que podría profundizar las medidas de fuerza.
IOSFA: cómo comenzó la crisis financiera
La crisis del IOSFA se profundizó a fines de 2024, cuando Luis Petri todavía estaba al frente del Ministerio de Defensa. En noviembre de ese año, Oscar Sagás, exsubsecretario de Salud de Mendoza, dejó la presidencia del organismo después de menos de un año de gestión. Para entonces, la deuda rondaba los $92.000 millones y ya se acumulaban denuncias por interrupciones en las prestaciones médicas y dificultades para acceder a medicamentos.
Tras la salida de Sagás, Roberto Fiochi asumió la conducción del instituto y solicitó un crédito de aproximadamente $40.000 millones al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Según informó LA NACIÓN, el préstamo debía cancelarse con aportes de los afiliados, una decisión que alimentó los cuestionamientos dentro de las Fuerzas Armadas.
Fiochi dejó el cargo en junio de 2025, después de siete meses de gestión. En ese momento, Petri informó ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados que el pasivo ascendía a $120.000 millones. Sin embargo, fuentes militares sostenían que la deuda superaba los $160.000 millones y aumentaba a un ritmo aproximado de $19.000 millones mensuales.
En diciembre de 2025, antes de asumir su banca como diputado nacional, Petri dispuso una revisión de la gestión del organismo desde 2019 para determinar su situación presupuestaria, financiera, patrimonial y administrativa. Según informó LA NACIÓN, hacia fines de ese año el pasivo había alcanzado los $200.000 millones, mientras continuaban las restricciones en las prestaciones.
El Gobierno creó dos obras sociales para reemplazar al IOSFA
En febrero de 2026, el presidente Javier Milei firmó el decreto 88/2026, que dispuso la disolución del IOSFA y su reemplazo por dos entidades: la OSFA, destinada al personal de las Fuerzas Armadas, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), para los integrantes de Gendarmería y Prefectura.
La reestructuración buscaba reorganizar la cobertura sanitaria y establecer una nueva administración para los afiliados de ambos sectores. Sin embargo, los cambios no lograron normalizar la atención médica. Persistieron las dificultades para conseguir turnos, acceder a prestaciones privadas y obtener medicamentos, además de las demoras en los pagos y reintegros.
Los reclamos también llegaron a la Justicia. Las seccionales de ATE de Bahía Blanca y Punta Alta presentaron un amparo colectivo para exigir que se garantizara la provisión de medicamentos a los afiliados.
De acuerdo con un informe de gestión del Ministerio de Defensa presentado ante el Congreso, al 31 de marzo de 2026 el organismo acumulaba un pasivo de aproximadamente $178.961 millones por prestaciones y gastos de funcionamiento. A esa cifra se sumaba una deuda con el IAF cercana a los $53.000 millones.
La muerte de un afiliado profundizó los cuestionamientos
En mayo de 2026, el suicidio de Carlos Velázquez, un afiliado que había denunciado abandono por parte de la obra social, volvió a poner en el centro de la discusión las deficiencias del sistema sanitario. El episodio estuvo seguido por la renuncia de Sergio Maldonado a la presidencia de la OSFA.
El caso intensificó las denuncias de afiliados y militares retirados por las dificultades para acceder a tratamientos, las demoras en los reintegros por prestaciones privadas y la falta de cobertura médica. Los reclamos se sumaron a las críticas por el deterioro financiero del organismo y la incertidumbre sobre el funcionamiento del nuevo esquema.
ATE ocupó una sede y denunció el riesgo de despidos
Durante el segundo semestre de 2026, los conflictos gremiales se intensificaron. Para entonces, la deuda del organismo en liquidación rondaba los $213.900 millones, según las cifras consignadas en los antecedentes del proceso.
El 24 de septiembre, ATE ocupó la sede de la OSFA durante una protesta para reclamar garantías laborales para los trabajadores afectados por la reestructuración. El sindicato también exigió una solución para la situación financiera de la obra social, sus farmacias propias y los hoteles vinculados al sistema.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, cuestionó la gestión del organismo y responsabilizó al Gobierno por el deterioro financiero. El dirigente afirmó que, cuando asumieron las actuales autoridades, existía un superávit de $25.000 millones, mientras que la deuda habría superado los $500.000 millones.
La liquidación formalizada este miércoles abre una nueva etapa para el sistema de cobertura sanitaria de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Mientras el Gobierno avanza con la reorganización administrativa, persisten los interrogantes sobre el destino de los trabajadores, el pago de las obligaciones pendientes y la capacidad de las nuevas entidades para garantizar las prestaciones médicas a sus afiliados.
