El Tribunal Oral Federal Nº 5 retomó ayer el juicio contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, acusados de presunto lavado de activos, asociación ilícita y dádivas en la causa unificada Hotesur-Los Sauces. Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los fundamentos de su acusación y puso el foco en los vínculos comerciales e inmobiliarios con el empresario Lázaro Báez.
Según consignó Perfil, el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Diego Velasco, describió una “compleja maniobra delictiva” que habría involucrado a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner. De acuerdo con la acusación, ambos “montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado, con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa”, además de beneficiar a su propia familia.
La Fiscalía sostuvo que Los Sauces S.A habría sido utilizada para canalizar fondos de presunto origen ilícito mediante contratos de alquiler de inmuebles y plazas hoteleras. En ese esquema, Báez habría actuado como el “socio comercial neurálgico y financista directo de los negocios privados de Cristina Fernández de Kirchner”. Entre las presuntas irregularidades, los fiscales señalaron 81 operaciones inmobiliarias, inconsistencias contables y domicilios declarados en los que la empresa no funcionaba.
La audiencia se desarrolló de manera virtual para los acusados. En Comodoro Py estuvieron presentes el excontador de la familia, Víctor Manzanares, y el apoderado Osvaldo Sanfelice. Al llegar, Manzanares anticipó ante la prensa que se preparaba “para un fallo condenatorio”.
