Recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

El laberinto procesal en el que quedó atrapado el amparo por las elecciones de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) sumó un capítulo de alta tensión en la Cámara en lo Civil y Comercial Común. Horas después del sorteo realizado para conformar el tribunal que debe resolver las inhibiciones del fuero (del que habían salido sorteados Álvaro Zamorano, María Dolores Leone Cervera y Florencia Natalia Presti), la camarista laboral de Concepción, Malvina María Seguí -patrocinada por Eduardo Eugenio Racedo-, pidió la inhibición y en subsidio recusó con causa a Zamorano y a Leone Cervera por sus vínculos con la presidenta de la entidad demandada (y titular de esa Cámara en uso de licencia), Marcela Ruiz.

Respecto de Leone Cervera, invocó amistad íntima con Ruiz y resentimiento personal hacia la actora: adjuntó capturas de Facebook donde la vocal etiquetó a “Machi Ruiz” bajo la frase “Amigas por siempre amigas!” y fotos juntas en el cumpleaños privado de Ruiz en enero de 2024. En cuanto a Zamorano, denunció participación directa en la entidad y amistad con Ruiz, probando con actas oficiales y constatación notarial que integró la directiva de la AMT desde 2020. En el caso de Zamorano, el camarista igualmente había decidido inhibirse antes de la recusación.

En simultáneo, el camarista Benjamín Moisá -quien el 21 de octubre había aceptado la inhibición de Cossio pero observó las excusaciones de los vocales Carlos Enrique Courtade, María del Pilar Amenábar y Laura Alcira David advirtiendo que las actuaciones “afectadas por el temor o la complacencia hacen crujir los cimientos y el andamiaje de la República”- difundió un comunicado cuestionando el sorteo administrativo: “Habiendo tomado conocimiento por LA GACETA que la Oficina de Gestión Asociada de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común y Documentos y Locaciones ha procedido a hacer un «sorteo» del tribunal de excusación para definir la subrogancia de la Presidencia de la Excma. Cámara, ante la excusación de varios de sus miembros en la causa ‘Seguí, Malvina c. AMT sobre Amparo’, me veo en la obligación de aclarar que mi instrucción a la OGA por resolución del 21 del corriente (punto III), como director del proceso (art. 125, CPCC), no fue que realizara un ‘sorteo’ sino que, de acuerdo a lo expresa y claramente dispuesto por los arts. 112 y 117 del CPCC, procediera a ‘integrar’ el tribunal de excusación con todos los vocales de la Excma. Cámara que quedaran hábiles, entre los cuales me incluyo, para resolver las excusaciones de los Sres. vocales Cossio (vicepresidente), Courtade, Amenábar y David, y designar en definitiva el vocal subrogante del Presidente para resolver el conflicto negativo suscitado entre los Sres. Jueces de la XII y XIII nominaciones, Dres. Appás y Tejerizo, en los términos del art 112 del CPCC”.

Toda esta disputa se suma a la apelación urgente y a la recusación con causa que Seguí ya había planteado contra el juez Raúl Tejerizo -quien tras retomar el caso por orden de Moisá rechazó “por ahora” la cautelar para frenar los comicios al considerar que tratar el cronograma no modifica el padrón, pese a haberse inhibido inicialmente el 15 de octubre por ser socio de la AMT.

Con los mandatos vigentes por vencer el 15 de diciembre, Seguí -candidata a presidenta- busca anular la decisión comunicada el 9 de octubre por el vicepresidente en ejercicio, Jorge Jakobsen, de habilitar para sufragar e integrar listas a unos 50 funcionarios (“socios adherentes”) computándoles los cuatro años de antigüedad desde su ingreso de hecho en 2021 y no desde el 31 de octubre de 2025 cuando entró en vigencia el nuevo estatuto (artículo 40), lo que altera más del 20% del padrón regular de 200 magistrados con personas que recién cumplirán la carencia en 2029; planteo en el que reservó pedir la intervención judicial de la entidad y anexó el legajo de Personas Jurídicas que expone la acefalía entre 2022 y 2024.

Los antecedentes

Esta contienda electoral corre en paralelo al frente contable que jaquea a la conducción de la AMT. Por un lado, tramita la demanda de nulidad de la asamblea de abril de 2026 iniciada por la jueza Ana María Iacono por la aprobación del balance 2025 a “libro cerrado”; causa donde fue recusado sin causa el juez Pedro Yane Mana tras ordenar la entrega de facturas en 48 horas bajo apercibimiento de secuestro, y en la que la jueza Inés Yamúss inspeccionó la sede asociativa en Tribunales constatando un libro de Bancos en blanco desde 2017, planillas de Excel con agregados a mano, facturas de prepagas (OSDE y Swiss Medical) con listados de personas físicas y comprobantes sueltos como un recibo sin membrete de $6 millones por comida. A ello se suman las intimaciones del juez penal Gonzalo Javier Ortega por el balance 2024 exigiendo explicaciones por gastos de $22,7 millones en cafetería, pagos millonarios en obras sociales y farmacias, y transferencias a la Unsta por $7,6 millones; reclamos que la directiva rechazó negándole legitimación como “asociado por el pasado” y defendiendo que las erogaciones responden a servicios compartidos, líneas bonificadas y convenios aprobados por unanimidad en asamblea.