El Concejo autorizó la compra de la Escuela Gabriela Mistral por hasta $800 millones
La Municipalidad podrá adquirir los cuatro inmuebles en los que funciona el establecimiento y pagarlos en cuatro cuotas. Tras los cuestionamientos de la oposición, se incorporaron condiciones sobre el precio y las tasaciones. La operación busca cerrar un conflicto judicial iniciado en 2024.
Resumen para apurados
- El Concejo de San Miguel de Tucumán autorizó a la intendencia a comprar la Escuela Gabriela Mistral por hasta $800 millones para resolver un extenso conflicto judicial.
- El pago será en cuatro cuotas tras exigencias opositoras de tasación oficial. La medida surge luego de que la Justicia frenara un intento municipal previo de expropiación.
- La operación asegura la continuidad del establecimiento educativo público y zanja el litigio con la cooperativa, blindando el uso escolar obligatorio de los inmuebles.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán autorizó a la Municipalidad a comprar los cuatro inmuebles donde funciona la Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral, por un monto máximo de $800 millones. La iniciativa de la intendenta Rossana Chahla fue modificada tras los planteos de la oposición sobre las tasaciones, el precio y los controles. La operación busca resolver un conflicto que llegó a la Justicia y frustró un intento de expropiación.
La adquisición se realizará mediante contratación directa y, según la propuesta enviada por el Ejecutivo el 20 de octubre, se pagaría en cuatro cuotas mensuales: la primera de $400 millones, dos de $150 millones y la última de $100 millones. El documento fue firmado por el secretario general municipal, Rodrigo Gómez Tortosa.
El expediente también contiene tres tasaciones superiores al precio propuesto. Una valuación de noviembre de 2024 fijó el valor en $1.137 millones; otra, realizada por la inmobiliaria Master en febrero de 2026, lo calculó en $850 millones; y una tercera, de junio, lo estableció en $890 millones. La compra comprende propiedades ubicadas en Juan José Passo 169 y 173, Mendoza 2.176 y pasaje Roma 174. Los edificios deberán conservar su destino educativo y cualquier cambio requerirá otra ordenanza.
Cambios
La iniciativa llegó al recinto con dos dictámenes. El de mayoría habilitaba la compra directa y las adecuaciones presupuestarias, sin precisar el monto. El de minoría, impulsado por el radical Leandro Argañaraz y acompañado por Alfredo Terán de Zavalía en Hacienda, exigía una tasación oficial, detalles del pago e informes sobre titularidad, deudas y gravámenes.
Argañaraz calificó el proyecto original como un “cheque en blanco” y afirmó que el Municipio remitió el expediente con el monto y las cuotas después de sus cuestionamientos. Terán de Zavalía aclaró que no rechazaba la compra. “Siento que habilitar este tipo de cosas, más que un gasto, es una inversión”, sostuvo, aunque reclamó conocer sus condiciones. Gustavo Cobos advirtió que “la compra directa es un mecanismo excepcional” y pidió controles.
El oficialista Emiliano Vargas Aignasse reconoció que el precio no figuraba inicialmente por escrito, pero defendió las condiciones económicas de la operación. Finalmente, se incorporaron el tope de $800 millones, la exigencia de una tasación oficial previa y la obligación de volver al Concejo si se supera esa cifra. También se corrigieron datos de un inmueble.
Antecedente
La escuela, creada en 1988, funcionó durante décadas bajo un esquema mixto: la Municipalidad afrontaba salarios docentes y la cooperativa administraba otros aspectos. En 2024, la gestión de Chahla cuestionó el cobro de cuotas y matrículas pese al financiamiento municipal y anunció su eliminación. La cooperativa negó que existieran fines de lucro y afirmó que los ingresos sostenían el establecimiento.
En noviembre de ese año, el Concejo aprobó la Ordenanza 5.390 para declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación tres inmuebles. La cooperativa recurrió a la Justicia. En julio de 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la medida y, en mayo de 2026, la Corte Suprema provincial dejó firme esa sentencia: la potestad expropiatoria correspondía a la Legislatura. La compraventa surgió entonces como salida alternativa.
