Discapacidad: el Gobierno cedió, hubo acuerdo y ocho diputados tucumanos votaron a favor
La iniciativa obtuvo media sanción con 237 votos a favor, después de que La Libertad Avanza aceptara cambios reclamados por otros bloques. Ocho de los nueve representantes de Tucumán acompañaron el proyecto; Javier Noguera estuvo ausente.
Resumen para apurados
- Anoche, Diputados aprobó el proyecto de ley de discapacidad en el Congreso tras acordar cambios con la oposición para asegurar derechos y pensiones permanentes.
- El oficialismo aceptó reclamos opositores en el recinto para destrabar el debate y descartar la prórroga de la emergencia, logrando 237 votos a favor.
- El texto pasó al Senado, donde definirá un cronograma para saldar deudas con prestadores y la actualización mensual de las prestaciones por inflación.
La Cámara de Diputados dio media sanción anoche a la nueva ley de discapacidad con una mayoría contundente y una particularidad entre los representantes de Tucumán. Ocho de los nueve legisladores nacionales por la provincia acompañaron la iniciativa (Javier Noguera estuvo ausente).
Votaron a favor Mariano Campero, Gerardo Huesen, Federico Pelli y Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza; Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, de Unión por la Patria; y Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla, del bloque Independencia, alineado políticamente con el gobernador Osvaldo Jaldo.
La coincidencia entre los tucumanos se produjo después de una extensa sesión en la que los representantes de la provincia habían mostrado diferencias en otros asuntos. En discapacidad, sin embargo, confluyeron todos los representantes presentes.
El proyecto consiguió 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. La amplitud del resultado superó los dos tercios de los presentes y permitió a La Libertad Avanza avanzar con una iniciativa que sufrió modificaciones hasta prácticamente el momento de la votación. Ahora deberá ser tratada por el Senado.
Huesen, que preside la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, intervino en uno de los momentos decisivos de la discusión en el recinto. El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente de Argentina Federal, había enumerado una serie de modificaciones reclamadas al proyecto. Huesen tomó entonces la palabra y confirmó la posición de su bancada: “Vamos a aceptar todas las modificaciones”. El anuncio fue recibido con aplausos.
La escena terminó de allanar el camino hacia un acuerdo que hasta pocas horas antes no aparecía asegurado. La Libertad Avanza había llegado al debate con su propio dictamen, mientras sectores de la oposición impulsaban la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.
Después de la votación, Huesen celebró el resultado en sus redes sociales. “La discapacidad no puede ser utilizada como herramienta de manipulación política ni como bandera partidaria. Estamos hablando de personas que necesitan respuestas concretas y derechos permanentes”, sostuvo.
Durante el debate había planteado también que las personas con discapacidad no podían quedar sujetas permanentemente a una declaración de emergencia ni depender de negociaciones políticas sucesivas para ejercer sus derechos.
Negociación
El resultado final fue producto de una intensa negociación entre La Libertad Avanza, bloques aliados y sectores opositores. Hasta el día anterior, distintos sectores opositores se inclinaban por extender la emergencia en discapacidad. El escenario comenzó a cambiar cuando el oficialismo aceptó introducir modificaciones en su propuesta. La votación reflejó el alcance del entendimiento. Los nueve votos negativos correspondieron mayoritariamente a legisladores cordobeses, mientras cuatro integrantes de la izquierda se abstuvieron.
Qué establece la iniciativa
Uno de los cambios introducidos durante la negociación fue incorporar directamente en la ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad. Algunos de esos parámetros quedaban anteriormente sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Entre las condiciones establecidas figura contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), atravesar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El texto también garantiza la continuidad de la cobertura de salud para los beneficiarios y mantiene la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos no superen el límite establecido por la norma.
Otro de los puntos centrales está relacionado con los prestadores y las deudas pendientes. El Ejecutivo deberá comunicar un cronograma de regularización dentro de los 30 días y completar el pago de las compensaciones correspondientes dentro de los 90 días para quienes hayan finalizado el trámite.
La iniciativa mantiene además la actualización mensual por inflación del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que determina los valores de las prestaciones del sistema.
En materia de financiamiento, el texto establece que deberán contemplarse partidas presupuestarias suficientes para sostener el sistema y prevé recurrir a recursos del Tesoro en caso de que los fondos asignados resulten insuficientes.
