Como un ovillo lleno de nudos y de cabos sueltos, el manejo de los planes sociales en Tucumán se enreda cada vez más y se atiborra de denuncias por irregularidades o presuntos desvíos de fondos. Hace tres meses comenzó el drama de la organización de los programas Jefes y Jefas de Hogar y Compartir el pan y el trabajo. Ahora se agrega la cuestión del Programa Social Comunitario (Posoco), destinado a gente de bajos recursos y que, según los denunciantes, en parte fue desviado para favorecer a punteros políticos del peronismo y a personas que figuraron en otros planes sociales.
La primera reacción es que se trata de una denuncia política, sobre todo porque viene de Ricardo Bussi. El ministro de Gobierno, Fernando Juri, quien en 2000 fue secretario de Desarrollo Humano, aludió a ello. Pero lo cierto es que hay una cadena de cuestiones no resueltas, que favorecen el caos.
Dispersión y caos
La primera es la dispersión en la asignación y la ejecución de fondos. En enero, el entonces ministro de Asuntos Sociales, José Luis Sarsano, dijo que era necesario montar un sistema informático de identificación de beneficiarios y que se centralice la ejecución, que estaba en manos del PE, la Legislatura y los entes autárquicos. Sarsano estaba, desde hacía meses, peleándose con el entonces secretario de Desarrollo Humano, Hugo Cabral. Tres meses después, a propósito de las confusiones con los fondos destinados a comedores infantiles y escolares, el ministro Alejandro Sangenis (reemplazante de Sarsano) también opinó que había que unificar la ejecución de planes. Sin embargo, hoy se están peleando todas las reparticiones y ayer se discutió en la Legislatura cómo repartir asignaciones para comedores, y se trató un proyecto que redistribuía fondos del Posoco.
La segunda cuestión es que nadie asume la necesidad de poner orden. El ex gerente de Empleo, Héctor Monayer, dijo que se desbarataron los programas para hacer un censo de desocupados y denunció -igual que hace tres meses- que en la provincia se armó una estructura administrativa perversa de los planes alimentarios y de empleo.
La tercera cuestión es la falta de control: el Tribunal de Cuentas a veces cumple su tarea, como hizo en 2000, cuando causó la separación de Pedro Ramón Mirra de Desarrollo Humano por irregularidades en el Posoco. Pero en este nuevo caso tuvo el expediente cajoneado.
La última cuestión es la aparición de figuritas repetidas en los planes sociales. No sólo se trata de los beneficiarios, sino de quienes están en la ejecución. Hay gente que fue a juicio por el caso del Posoco en 2000 y, sin embargo, ahora están en el programa Copa de Leche.
Con lo cual se forma un círculo vicioso. La sociedad espera que el fiscal anticorrupción resuelva las denuncias, pero el poder político no hace nada para cambiar la madeja y evitar que el círculo vicioso continúe.
