Resumen para apurados
- El juez Martín Cormick ordenó al Gobierno nacional aplicar en cinco días la Ley de Financiamiento Universitario en Argentina, bajo apercibimiento de multas diarias por demoras.
- La resolución judicial surge ante el reclamo de gremios y universidades por una pérdida salarial del 31,2%, frente a una oferta oficial del 3% que desató paros escalonados.
- El fallo intensifica la presión sobre el Ejecutivo, que arriesga sanciones económicas mientras la comunidad universitaria prepara una marcha federal para el 15 de octubre.
La Justicia ordenó este martes a la administración del presidente Javier Milei a cumplir, en un plazo de cinco días, con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El juez Martín Cormick advirtió además que, si el Estado no cumple con lo dispuesto, podrá aplicar multas diarias por cada jornada de demora.
“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes -multas- por cada día de demora”, indicó Cormick en su fallo.
El reclamo de las universidades
Las universidades y los gremios docentes y no docentes mantienen firme su reclamo al Gobierno. Según estiman, los salarios del sector adeudan una recomposición del 31,2%.
En la última paritaria, el Gobierno ofreció una recomposición del 3%, lo que derivó en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre y en medidas de fuerza gremiales para reclamar el cumplimiento de la ley.
Esta semana comenzaron los paros en distintas facultades de la UBA, de manera escalonada. Las medidas continuarán hasta la protesta de octubre, que tendrá su epicentro en el Palacio de Tribunales.
Qué ordenó el juez Cormick
El fallo dispone el “cumplimiento total” por parte del Poder Ejecutivo de la medida cautelar que ordena cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, específicamente en sus artículos 5 y 6.
Esos artículos establecen disposiciones vinculadas con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles.
