Sombras en los servicios públicos

La renegociación de los contratos con las empresas privatizadas de servicios públicos y el consiguiente aumento de las tarifas a los usuarios en el caso de algunas de ellas son otras consecuencias de la devaluación monetaria y del monto de sus deudas externas, a las que no alcanza la pesificación y ascienden actualmente a mil millones de dólares. El Gobierno se ha comprometido a autorizar las futuras tarifas progresivamente en forma pautada y, en los casos donde no procedan, a prorrogar los convenios de concesión para compensar las diferencias. La situación está siendo presionada por los vencimientos de las deudas empresarias, entre los que algunos corresponden a créditos de organismos financieros internacionales destinados a la ampliación de diferentes servicios.
Entre estos los de carácter esencial, como los de electricidad o gas, que podrían tener problemas de abastecimiento a mediano plazo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos los servicios públicos representan el 15 por ciento del índice de inflación, pero esa proporción casi se duplicaría actualmente para la canasta familiar.
La primeras reacciones adversas sobre esas decisiones en espera han sido de las organizaciones institucionales de consumidores, jurídicamente habilitadas para ser parte de los debates sobre tarifas públicas, algo que al parecer no ocurrirá, en razón de la emergencia vigente que el Gobierno invoca. Por su parte, el defensor nacional del pueblo renunció a la comisión oficial de análisis, tras declarar que ese organismo "ad hoc" no ha cumplido con su rol de velar por los derechos de los usuarios.
Por otro lado, las empresas de servicios han pretextado problemas de caja que pueden afectar no sólo a sus prestaciones sino al empleo. La discusión sobre el tema -como ocurre en tiempos de crisis económica y social- divide la razón entre dos partes, a la vez que el mediador, la autoridad de aplicación, se ve afectado por la incesante presión política que generan sus deficiencias y el mermado apoyo del tiempo preelectoral.
Consecuentemente con esas circunstancias, algunos sectores sociopolíticos y encuestas están agitando y dando cuenta de un debate en la sociedad, donde es tema creciente ahora la conveniencia o no de mantener el presente "status" de los servicios públicos o devolverle al Estado sus administraciones. Se trata, ciertamente, de otra discusión cíclica donde la política tradicional acelera su ritmo pendular haciendo omisión de la memoria y de la realidad presente.
En el primer caso tratando de ignorar la extrema obsolescencia de los servicios públicos esenciales que hace una década impusieron como única alternativa sus administraciones privadas para escapar a los cortes de energía o comunicarse por teléfono, por ejemplo.
En el segundo, intentando proponer reestatizaciones a la vez que se cuestiona recurrentemente al Estado por su incapacidad para atender adecuadamente sus obligaciones indelegables con la sociedad.
La falla, en todo caso, se debe a la misma incapacidad de la autoridad de aplicación para ejercer eficazmente el control de esos servicios. Estas empresas pagan impuestos, han modernizado los servicios en su gran mayoría y no cargan sobre el fisco, como en los peores tiempos, sus pérdidas ingentes hasta el 40% del déficit fiscal de la Nación.