Los menores detenidos

Meses atrás, analizamos críticamente en esta columna las pésimas condiciones en que se aloja en Tucumán a los menores detenidos. Es del caso volver sobre el asunto, ya que -como lo consigna nuestra edición de ayer- poco o nada se ha hecho para mejorar tal situación. Hay que partir de la base de que el delito protagonizado por menores constituye algo central dentro del mundo de las infracciones al Código Penal en nuestra provincia. En efecto, las estadísticas muestran que su protagonismo es elevado y que, lejos de mostrar síntomas de reversión, tiende a crecer. Y el delito determina, lógicamente, que se practiquen detenciones. De allí que la cuestión relativa al lugar en que se va a guardar a esos detenidos, se convierta en algo de real importancia para el Estado y para la sociedad.
Como es sabido, en la actualidad no existen las dependencias aptas para que esa detención se cumpla dentro del marco adecuado; y mucho menos para la aplicación de políticas de rehabilitación, como sería más que aconsejable. La alcaldía de la Jefatura no puede ser, evidentemente, el lugar conveniente. De acuerdo con las declaraciones del secretario de Seguridad, se están efectuando actualmente algunas obras en el Instituto Roca, para trasladar allí a una treintena de menores presos en la alcaldía. Pero eso no parece una respuesta lo suficientemente adecuada para las inquietantes dimensiones del asunto. Hemos informado que, en las recientes XVIII Jornadas Nacionales de Ministerios Públicos, los defensores de menores instaron a tomar medidas concretas y eficaces respecto de la apuntada realidad, que no sólo se da en Tucumán, sino que aqueja a otras ciudades del país, y que se extiende también a los institutos psiquiátricos. Se abre la posibilidad de motines sangrientos derivados del hacinamiento, como el ocurrido en la cárcel santafesina de Coronda. Los defensores criticaron, asimismo, la falta de tratamientos rehabilitadores. Señalaron que el caso vulnera las estipulaciones del Pacto de San José de Costa Rica, incorporado a la Constitución; por lo cual la cuestión podría llegar, si se mantiene el estado actual de cosas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Frente a lo apuntado, nos parece que la solución pasa por la decisión política y presupuestaria de dotar a Tucumán de un edificio construido para ese fin y, por lo tanto, adecuado para el alojamiento de menores. Sería el modo de superar los parches circunstanciales, y de enfrentar, con decisión, una problemática que, repetimos, de modo alguno puede considerarse menor. Es necesario construir el ámbito de referencia, con las dimensiones adecuadas para la realidad de nuestro mundo delictivo, y debe estar diseñado con las características que indiquen los expertos. Al mismo tiempo, deberán habilitarse fondos para que los menores estén a cargo de personal especializado; y, por cierto, establecerse la aplicación de las estrategias de rehabilitación indispensables. De otro modo, continuará ocurriendo como ahora, cuando la detención sólo sirve al menor para acentuar sus tendencias antisociales y, consecuentemente, volver a delinquir no bien regresa a la calle.
No se nos escapa, como se hizo notar en las Jornadas de referencia, que es preciso también un intenso trabajo social en los hogares, ya que la marginalidad derivada de la pobreza es el más eficaz caldo de cultivo para la delincuencia juvenil. Pero lo que importa, ahora, es contar con el alojamiento adecuado. Nos parece que, en un Estado cuya Legislatura disfruta de un presupuesto de más de $ 62 millones, es posible acomodar las cuentas para que este gravísimo problema sea atendido y solucionado.