Denuncian que el 70% de las rutas nacionales está en estado regular o malo y reclaman declarar la emergencia vial
El secretario adjunto de FEPEVINA cuestionó el desfinanciamiento de Vialidad Nacional y pidió explicaciones a Luis Caputo por los fondos del impuesto a los combustibles. Un informe gremial relevó 29 muertes en 22 siniestros ocurridos entre junio y julio en estas rutas.
Resumen para apurados
- El gremio FEPEVINA pidió en el Congreso declarar la emergencia vial nacional tras alertar que más del 70% de las rutas del país están deterioradas por el desfinanciamiento oficial.
- La denuncia expone 29 muertes viales recientes, un fuerte recorte de personal y la subejecución de fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles para obras públicas.
- Mientras el Gobierno planea licitar 9.400 km a privados, advierten que unos 30.000 km quedarán sin mantenimiento y los costos de reparación futura aumentarán hasta diez veces.
El deterioro de las rutas nacionales volvió a quedar en el centro de las críticas al Gobierno de Javier Milei. El secretario adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), Fabián Cattanzaro, reclamó la declaración “urgente” de la emergencia vial y advirtió que entre el 70% y el 75% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo.
El planteo se produjo luego de que el dirigente participara de una audiencia en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, donde expuso sobre el estado de las rutas, el recorte de recursos y el proceso de desmantelamiento de Vialidad Nacional.
Un relevamiento de FEPEVINA citado en un informe difundido este miércoles registró 22 siniestros graves entre junio y julio, con 29 personas fallecidas y más de 20 heridas. El dato más grave es que 23 de las 29 víctimas murieron en hechos ocurridos entre el 1° y el 16 de julio.
Los siniestros fueron registrados en las rutas nacionales 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 33, 34, 35, 38, 40, 188 y 226. El informe identificó entre los problemas de infraestructura baches profundos, ahuellamientos, banquinas deterioradas, iluminación deficiente, alcantarillas colapsadas, falta de señalización y ausencia de tratamiento invernal.
“La red vial nacional está colapsada”
Cattanzaro sostuvo que la situación llegó a un punto crítico y reclamó que el Gobierno declare la emergencia vial.
“Con esos recursos podríamos estar haciendo obras, dado que la red vial nacional está colapsada y necesita urgentemente la declaración de la emergencia vial”, afirmó.
El dirigente también cuestionó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, a quienes reclamó que expliquen ante el Congreso o la Justicia el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
Según Cattanzaro, el impuesto a los combustibles líquidos aumentó más del 500% desde el inicio de la gestión de Milei. Sin embargo, aseguró que al 31 de julio Vialidad tenía pendiente de recibir $1,6 billones y que solamente había llegado aproximadamente un tercio de ese monto.
Los datos incluidos en el relevamiento gremial apuntan en la misma dirección. Entre enero y julio de 2026, el Estado recaudó $3,8 billones mediante el impuesto a los combustibles, mientras que la ejecución efectiva para obras viales a través de la fuente específica del SISVIAL fue de $99.572 millones.
FEPEVINA sostiene que eso representa apenas 2,59 pesos de cada 100 recaudados que llegaron efectivamente a las rutas nacionales. La diferencia entre la asignación teórica y lo ejecutado alcanzaría los $449.039 millones.
29 muertos en dos meses
El informe gremial advierte que no puede atribuirse cada siniestro exclusivamente al estado de las rutas, porque la siniestralidad es multicausal. Sin embargo, sostiene que una infraestructura deteriorada reduce el margen de los conductores para corregir errores y puede aumentar la gravedad de los choques.
Entre los casos relevados figuran dos hermanos de 19 y 22 años que murieron en un choque frontal sobre la Ruta Nacional 11; dos camioneros fallecidos en la Ruta 34; un padre y su hijo muertos en la Ruta 5 y un niño de 12 años que perdió la vida junto con otras dos personas en un choque múltiple sobre la Ruta 7.
El relevamiento cruzó además los siniestros con indicadores técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad. De los 17 tramos sobre los que había información disponible, 11 estaban calificados como malos.
Uno de los ejemplos mencionados es la Ruta Nacional 12, cerca de San Roque, Corrientes, donde se registró un ahuellamiento de 35 milímetros. El documento advierte que deformaciones de esa magnitud pueden favorecer la acumulación de agua y el hidroplaneo. En la Ruta 11 se detectaron deformaciones de hasta 21 milímetros y baches que obligan a los vehículos a desplazarse hacia la banquina.
“Una decisión política de abandonar las rutas”
Para Cattanzaro, el deterioro no es solamente consecuencia de la falta de recursos, sino de una decisión política.
“Es una situación compleja la que se va conjugando, pero con la decisión política de abandonar a las rutas. Estamos tratando de encontrarle una solución. Esta decisión es algo nunca visto en la historia de Vialidad”, sostuvo.
El dirigente también cuestionó el funcionamiento de los controles de peso y dimensiones. Según explicó, existen 75 puestos en todo el país, pero actualmente funcionan poco más de 20 y varios no pueden operar durante las 24 horas por falta de personal, desperfectos o problemas de homologación.
A esto se suma la reducción de la planta de trabajadores de Vialidad Nacional. Según FEPEVINA, el organismo pasó de 5.540 trabajadores en diciembre de 2023 a unos 4.207 actualmente, una reducción cercana a 1.333 puestos. Entre las bajas se encuentran ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas.
Cattanzaro remarcó que la pérdida de personal también implica la interrupción del traspaso de conocimientos entre generaciones de trabajadores.
112 proyectos quedaron sin presupuesto
El reclamo gremial también apunta al presupuesto de Vialidad. Al 31 de julio, el organismo tenía un presupuesto vigente de $776.756 millones, pero había devengado el 32,6% y pagado efectivamente el 29,8%, cuando ya había transcurrido el 58,3% del año.
El crédito destinado a Bienes de Uso cayó de $394.246 millones a $296.294 millones, un recorte cercano a $98.000 millones.
De los 179 proyectos que inicialmente tenían fondos asignados, 112 quedaron con crédito vigente de cero pesos o apenas un peso, utilizado como cierre administrativo de la partida. La medida alcanzó al 63% de los proyectos.
Entre las partidas afectadas aparecen obras de seguridad, reparación de puentes, alcantarillas y muros de contención, además de programas de mantenimiento de los distritos. También quedaron en cero programas nacionales destinados a seguridad vial y reparación de puentes y alcantarillas.
“Por no hacer el mantenimiento de rutina, se acumula mucho el agua por las alcantarillas que están tapadas”, explicó Cattanzaro. Según el dirigente, el agua termina socavando los terraplenes y transforma una tarea de mantenimiento en una obra de rehabilitación que puede costar entre siete y diez veces más.
El Gobierno apuesta a las concesiones
Frente al deterioro de la red, el Gobierno impulsa la Red Federal de Concesiones, que contempla transferir a operadores privados la administración de más de 9.400 kilómetros de rutas nacionales.
FEPEVINA cuestiona que ese proceso pueda resolver el deterioro inmediato. Según el informe, los contratos tienen una duración de 20 años y contemplan intervenciones escalonadas: las primeras tareas estarán vinculadas con bacheo, sellado de fisuras y señalización, mientras que las reconstrucciones estructurales y rehabilitaciones profundas quedarán para etapas posteriores.
Además, el informe sostiene que alrededor de 30.000 kilómetros, equivalentes al 75% de la red nacional, quedarían fuera de las concesiones, en un contexto de desfinanciamiento de Vialidad.
Cattanzaro cuestionó también la política de concesiones y afirmó que el sistema terminaría funcionando como “un negocio financiero” para empresas privadas.
“Hay una correlación directa entre los estados de las rutas y los siniestros que ocurren”, sostuvo el dirigente, quien reclamó que los recursos disponibles sean destinados al menos a los puntos más críticos de la red, especialmente aquellos donde se concentra la mayor cantidad de accidentes.
Para FEPEVINA, el deterioro de las rutas, el recorte presupuestario, la reducción de personal y la falta de ejecución de los fondos específicos forman parte de un mismo proceso. Por eso, el sindicato insiste en que el Gobierno debe declarar la emergencia vial y explicar qué ocurrió con los recursos que, según la legislación vigente, deberían destinarse al mantenimiento y la seguridad de las rutas nacionales.
