Los concejales esperan conocer hoy el veto parcial, firmado por el intendente Domingo Amaya, contra la polémica ordenanza que aprobó los pliegos para licitar la recolección de residuos en capital. El presidente del cuerpo, Ramón Cano (PJ), anticipó que la decisión podría ser aceptada sin reparos, pese a las diferencias de criterio que tensaron la relación con el Departamento Ejecutivo durante la semana pasada. Incluso, Cano pretende que no se objeten los cambios aplicados por los ediles, sino aspectos del pliego original que remitió la intendencia, y que no fueron alterados.
"No creo que haya mayores problemas. Tengo entendido que hay algunas cláusulas vetadas que el Concejo Deliberante había respetado del proyecto original -dijo-. Parece que la intendencia cambió de criterio y nosotros no vamos a contradecirlos. De todas formas, esperaremos el dictamen de los técnicos".
Fuentes consultadas por LA GACETA, sin embargo, sostienen que la impugnación apunta a reformas hechas por los representantes vecinales. Así, el canon mensual por el servicio seguiría en $ 1,3 millón y no en $ 1,7 millón, como lo fijaron los concejales. También caería la cláusula que demanda a los oferentes a contar, como antecedente, con la prestación del servicio en 10.000 cuadras: la licitación para Tucumán sólo comprende 7.000.
Otro tanto ocurriría con la modificación para la planta de transferencia. Si el destino último de la basura dista más de 25 kilómetros de la capital, se prevé ubicar a medio camino esta instalación. En el pliego original, esa planta estaba a cargo del concesionario de la disposición final de los deshechos, pero los concejales dispusieron que esté en manos del recolector.
El veto alcanzaría también a las condiciones del parque automotor del prestador. La intendencia fijó que todos los vehículos sean modelo 2000 o posterior, exigencia que el Concejo limitó para la mitad de la flota.
Las impugnaciones sólo pueden ser rechazadas con 12 votos (dos tercios de los 18 miembros).
El grupo Pescarmona
Pese a la predisposición de Cano, no todos los concejales que aprobaron el pliego de licitación tienen el mismo criterio. Los ocho oficialistas, los tres bussistas y Hugo Danesi, de Ciudadanos Independientes (CI), esperan que el gobernador José Alperovich tercie en la polémica.
De hecho, trascendió que el mandatario habría tenido contacto ayer con ediles del PJ, pero esperaría a conversar con Amaya antes de sentar una posición.
En favor del veto se pronunció Raúl Pellegrini (UCR), quien, junto con los otros tres concejales radicales, se fue del recinto en la polémica sesión del pasado 5. "Tengo expectativa por la objeción de Amaya, que permite hacer más prolijo un trámite que cuestionamos en comisión y en el recinto. Es la oportunidad de mejorar este proceso, porque todos merecemos un mejor pliego", afirmó.
"No creo que haya mayores problemas. Tengo entendido que hay algunas cláusulas vetadas que el Concejo Deliberante había respetado del proyecto original -dijo-. Parece que la intendencia cambió de criterio y nosotros no vamos a contradecirlos. De todas formas, esperaremos el dictamen de los técnicos".
Fuentes consultadas por LA GACETA, sin embargo, sostienen que la impugnación apunta a reformas hechas por los representantes vecinales. Así, el canon mensual por el servicio seguiría en $ 1,3 millón y no en $ 1,7 millón, como lo fijaron los concejales. También caería la cláusula que demanda a los oferentes a contar, como antecedente, con la prestación del servicio en 10.000 cuadras: la licitación para Tucumán sólo comprende 7.000.
Otro tanto ocurriría con la modificación para la planta de transferencia. Si el destino último de la basura dista más de 25 kilómetros de la capital, se prevé ubicar a medio camino esta instalación. En el pliego original, esa planta estaba a cargo del concesionario de la disposición final de los deshechos, pero los concejales dispusieron que esté en manos del recolector.
El veto alcanzaría también a las condiciones del parque automotor del prestador. La intendencia fijó que todos los vehículos sean modelo 2000 o posterior, exigencia que el Concejo limitó para la mitad de la flota.
Las impugnaciones sólo pueden ser rechazadas con 12 votos (dos tercios de los 18 miembros).
El grupo Pescarmona
Pese a la predisposición de Cano, no todos los concejales que aprobaron el pliego de licitación tienen el mismo criterio. Los ocho oficialistas, los tres bussistas y Hugo Danesi, de Ciudadanos Independientes (CI), esperan que el gobernador José Alperovich tercie en la polémica.
De hecho, trascendió que el mandatario habría tenido contacto ayer con ediles del PJ, pero esperaría a conversar con Amaya antes de sentar una posición.
En favor del veto se pronunció Raúl Pellegrini (UCR), quien, junto con los otros tres concejales radicales, se fue del recinto en la polémica sesión del pasado 5. "Tengo expectativa por la objeción de Amaya, que permite hacer más prolijo un trámite que cuestionamos en comisión y en el recinto. Es la oportunidad de mejorar este proceso, porque todos merecemos un mejor pliego", afirmó.
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