El gobernador Osvaldo Jaldo anunció que Tucumán realizará un relevamiento para determinar cuántos extranjeros no residentes reciben atención en los hospitales públicos de la provincia y qué impacto tienen sobre el sistema sanitario antes de resolver si adopta alguna medida sobre esas prestaciones. El planteo se conoció después de que el Gobierno Nacional estableciera, mediante la Resolución 1066/2026 publicada en el Boletín Oficial, nuevas condiciones para la atención habitual de extranjeros no residentes en establecimientos administrados por el Estado nacional.
La disposición nacional mantiene garantizada la asistencia ante emergencias, cualquiera sea la situación migratoria de la persona, pero exige un seguro de salud o el pago previo del servicio para las prestaciones médicas habituales. Frente a ese nuevo escenario, Jaldo sostuvo que Tucumán deberá analizar primero sus propios registros antes de tomar una decisión y remarcó que la prioridad será preservar la capacidad de atención de los hospitales públicos para los tucumanos.
La norma determinó que ninguna persona podrá quedar sin asistencia ante una emergencia por su situación migratoria. Para las prestaciones habituales, en cambio, estableció como requisito la presentación de un seguro de salud o el pago previo del servicio.
Jaldo indicó que la discusión tendrá alcance nacional, pero señaló que Tucumán necesitará conocer primero su propia situación. “Es un tema que lo hemos venido conversando. Creo que ese tema se va a instalar el debate a nivel nacional y estábamos hablando con el ministro que, antes de tomar una decisión, fuese cual fuese, nosotros tenemos que tener un relevamiento, tenemos que saber cuántos extranjeros no residentes estamos atendiendo en el sistema provincial de salud de la provincia de Tucumán”, expresó el mandatario.
Según explicó, Tucumán cuenta con los registros necesarios que permitirán determinar el alcance de esas prestaciones y dimensionar el impacto que tienen dentro del sistema sanitario provincial.
Prioridad en hospitales
Jaldo señaló que una eventual decisión deberá contemplar tanto el acceso a la salud como la capacidad de respuesta de los hospitales públicos. También sostuvo que, hasta ahora, Tucumán brinda asistencia a extranjeros no residentes cuando la necesitan.
“Pero lo que tiene que quedar claro es que, para tomar una decisión de ese tipo, no hay duda que los no residentes y extranjeros son seres humanos como todos los que estamos acá, y ante una necesidad de atención de salud, yo lo que creo que hoy, hoy lo venimos haciendo y venimos atendiendo”, sostuvo.
Sin embargo, el Gobernador marcó un límite frente a una eventual presión adicional sobre un sistema que, según afirmó, ya afronta una alta cantidad de pacientes.
“Ahora, lo que no hay que tener duda, que la salud pública de la provincia de Tucumán, la prioridad es para los Tucumán. No vamos a permitir, bajo ningún punto de vista, que por atender a no residentes extranjeros se nos empiece a tensar la atención del sistema provincial de salud, y por ahí podamos, no digo dejar de atender, pero sí, no tener la eficiencia que hoy tenemos, porque estamos sobrepasados en cantidad de pacientes. La prioridad la tienen los tucumanos”, concluyó Jaldo.
Qué establece la Nación
La Resolución 1066/2026 reglamentó las modificaciones que había introducido el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366, de mayo de 2025, sobre el artículo 8° de la Ley de Migraciones N° 25.871. La normativa estableció que “en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”.
Para los casos que no constituyan una emergencia, el texto dispuso: “Fuera de los supuestos establecidos en los párrafos precedentes, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio”.
El debate político
La discusión sobre el acceso de extranjeros no residentes a servicios públicos había tomado fuerza después de una serie de críticas y polémicas dirigidas contra el país en el ámbito internacional. En ese contexto, dirigentes de La Libertad Avanza retomaron durante 2026 una discusión migratoria que había comenzado en 2025.
El jefe de la bancada libertaria bonaerense, Agustín Romo, presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Buenos Aires para arancelar la atención en hospitales públicos y la cursada en universidades provinciales a extranjeros sin residencia permanente. La iniciativa propuso que los costos sanitarios quedaran a cargo de los pacientes, de sus seguros médicos o de terceros obligados. Para las universidades, contempló que cada institución fijara sus propios montos de matriculación.
En marzo, la legisladora porteña Pilar Ramírez había presentado un proyecto similar para establecer contraprestaciones sanitarias en la Ciudad de Buenos Aires, bajo el argumento de que los contribuyentes locales no debían financiar servicios destinados a personas sin residencia formal.
