Advierten que, sin controles, Lomas del Tafí puede fracasar

Respetar el proyecto original que preveía la construcción de una ciudad planificada; garantizar los controles mediante la licitación pública; y realizar un estricto seguimiento de las obras en su superficie, calidad y precio. Según Rodolfo Neme, estas son pautas sobre las que el Gobierno debería avanzar para la ejecución de Lomas del Tafí, una iniciativa que fue gestada cuando él conducía el Instituto Provincial de la Vivienda (Ipvdu).
Consultado por LA GACETA, Neme decidió romper el silencio que se había autoimpuesto desde que dejó la función pública en 2002. El ex funcionario considera que la decisión tomada por el gobernador José Alperovich, para avanzar con las obras en el predio Los Pocitos, es una reivindicación a una política de Estado que se adoptó, durante la gestión de Julio Miranda, para resolver el déficit habitacional de Tucumán.
"Consultamos a todas las áreas del Gobierno y también a las universidades para armar el proyecto de una verdadera ciudad planificada. Estaba todo estudiado, pero se cajoneó en 2002. Ahora lo reflotan y está bien que así sea; porque, habiendo tantos recursos disponibles, sería criminal que no tuvieran en qué gastarlos", afirmó.
Sin embargo, Neme puso algunos reparos sobre el decreto de necesidad y urgencia con el que el Poder Ejecutivo habilitó al Ipvdu a evitar la licitación pública para contratar obras por $ 250 millones. "No está claro si se respetará el proyecto original. Si sólo piensan realizar un barrio de 3.000 viviendas, sin controles y con una baja calidad de construcción, el resultado podría ser catastrófico", advirtió.

Control de precios
El ex titular del Ipvdu también replicó el argumento de la necesidad y urgencia para la contratación de las obras. "Si fuese cierto que podrían perderse los recursos, los funcionarios provinciales serían responsables del fracaso. Sabían que había fondos y decisión política de la Nación y no tomaron las previsiones para que el proceso sea ordenado y transparente", recalcó.
Neme instó a la Legislatura a analizar con detenimiento los alcances del decreto para no caer en complicidades y garantizar que los recursos sean bien utilizados "En la década del 90 no hubo controles de precios ni de calidad, y algunos empresarios se enriquecieron a costa del Estado", dijo.

El decreto podría ser trabado en la Cámara
El decreto del Ejecutivo que acelera los plazos del emprendimiento Lomas del Tafí podría trabarse en la Legislatura, si la Casa de Gobierno no envía hasta el mediodía de hoy los documentos pedidos el jueves por José Teri. El peronista preside la comisión de Obras y Servicios Públicos.
El legislador, enfrentado con el gobernador José Alperovich, es el responsable principal de que se emita dictamen sobre la viabilidad de la norma, a favor o en contra. Así se habilitará su tratamiento para una sesión prevista para fines de esta semana.
La comisión fue convocada para mañana, a las 18. Antes, Teri quiere tener el expediente completo. Esto incluye el convenio de financiamiento firmado entre la Nación y la Provincia, el método de contratación y el dictamen de Fiscalía de Estado que fundamente la necesidad y la urgencia del decreto. "No quiero que se pierda una inversión de $ 250 millones, pero debe hacerse en forma justa", sostuvo Teri.

El Grupo Alberdi atacó la medida del Ejecutivo
El Grupo Alberdi criticó en duros términos el decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la adjudicación, sin licitación, del emprendimiento Lomas de Tafí.
"De aprobarse por la Legislatura, representará una muestra más de que el Gobierno, en su conjunto, no está capacitado para gobernar en el marco de la Constitución y de las leyes", sostiene un comunicado de ese foro de opinión tucumano.
En el documento se recuerda que la Provincia ya está denunciada ante la OEA por el programa "Activo por Activo", cuestionada por la comisión de seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
"Como agravante, enfrentamos ahora esta actitud tenebrosa de un Gobierno que reiteradamente evita la transparencia exigida por el sistema republicano de la Constitución -condenaron-. Su accionar le posibilita el manejo discrecional de los recursos y niega el derecho de la población a informarse sobre sus actos".