La mediación comenzará a regir en junio en la provincia

La visita de la ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, ha generado su primera consecuencia institucional. El alto tribunal de la provincia decidió reflotar la mediación, como mecanismo alternativo para la resolución de conflictos. Sobre el tema, la jurista disertó en la provincia, precisamente, durante las XVIII Jornadas Nacionales de Ministerios Públicos.
En la Corte tucumana están abocados a ultimar detalles para poder implementar el sistema desde junio, como prometió inesperadamente el vocal Alberto José Brito, durante la reunión que él y sus cuatro pares mantuvieron con Highton de Nolasco.
Durante su visita a la provincia, la magistrada instó a la comunidad a que se anime a prescindir de la figura del "juez papá" para que a la Justicia sólo lleguen los casos de cirugía mayor, como metafóricamente afirmó la magistrada.
De acuerdo con la jueza, en la órbita federal (donde la mediación es una instancia previa y obligatoria en determinada clase de conflictos), la mayoría de los cuestiones sometidas a un mediador es solucionada por el acuerdo entre las partes. "Sólo el 30% sigue en juicio", manifestó.
Highton de Nolasco aclaró que para que la mediación sea exitosa, esta debe ser obligatoria y no una vía a la que las partes puedan recurrir voluntariamente. Pero en Tucumán no existe una ley (sí varios proyectos legislativos) que así lo establezca. Por ello, la Corte ha regulado el instituto por medio de una acordada, en la que la instancia es planteada como una invitación que pueden formular el magistrado, el tribunal o el defensor oficial que intervenga en una causa, y hasta las mismas partes.
En marzo del año pasado, la Corte emitió la acordada 179/04 con la intención de aplicar por un año un programa piloto en materia de mediación, que incluía la creación de un registro de mediadores. Pero no llegó a implementarse, pese a que el alto tribunal disponía de $ 200.000 para que la vía fuera gratuita para las partes. La única erogación prevista para estas, además de la correspondiente a los servicios de los abogados patrocinantes, eran los honorarios del mediador, que iban a tener como tope el valor de una consulta judicial escrita, según la tarifa fijada por el Colegio de Abogados.
El alto tribunal giró la acordada a la comisión de Mediación del Colegio de Abogados y a la Defensoría del Pueblo (lleva adelante mediaciones comunitarias desde 1996). Estas instituciones sugirieron una serie de cambios para el programa piloto. Por ello, desde diciembre del año pasado los vocales de la Corte analizan un proyecto de acordada, que modifica la número 179/04.
Los cambios previstos apuntan fundamentalmente al registro de mediadores. Pero también al hecho de que las partes puedan disponer de un año -y no de 30 días hábiles judiciales- para intentar ponerse de acuerdo. Asimismo, existe la convicción de que hay que permitir que las Defensorías Civiles sugieran la mediación aun cuando la controversia no esté planteada judicialmente.
Para implementar el sistema desde junio la Corte dispone de $ 300.000 y habilitaría una oficina en el séptimo piso del edificio de 24 de Septiembre 677 de esta capital, para que los mediadores y las partes puedan discutir.

Una opción gratuita para resolver conflictos
El procedimiento esta regulado en la acordada 179/04 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. La resolucion esta vigente desde el 22 de marzo de 2004, pero se ejecutara este año

En algunos trámites
Invitación a las partes
El procedimiento podrá aplicarse a las controversias planteadas en los juzgados de los fueros Civil y Comercial Común, Familia y Sucesiones, Documentos y Locaciones, de Conciliación y Trámite, y Laboral. En la mayoría de los casos vinculados a derechos o a acciones de las que las partes pueden disponer libremente, el juez (el tribunal o el defensor oficial que actúe) invitará a las partes a que negocien una salida con la ayuda de mediadores debidamente inscriptos en un registro que será especialmente habilitado.

Límites de gastos
Libre de tasas y tributos
El procedimiento será gratuito (libre de tasas y de tributos) y no tendrá incidencia en la atribución de las costas del proceso judicial (los abogados conservarán el derecho de percibir honorarios por su actuación). Los honorarios del mediador no podrán exceder el valor de una consulta judicial escrita. Podrán ser mediadores los abogados con cinco años (o más) de antigüedad en la matrícula que no se encuentren inhabilitados comercial o profesionalmente, y que se hayan inscripto en el Ministerio de Justicia de la Nación.

Un período de 30 días
Suspensión de los plazos
En cualquier estado del juicio, a pedido de parte, podrá ponerse en marcha el mecanismo, con lo cual se suspenderán los plazos procesales. A partir de entonces, el mediador -designado por sorteo o de común acuerdo por las partes- gozará de 30 días, que podrán prorrogarse, para ensayar una solución. Abierta la mediación, si las partes no llegan a un acuerdo, sus afirmaciones no podrán ser utilizadas en el juicio existente o en uno posterior que se realice por el mismo tema.

Experiencia exitosa
80% de arreglos
En Tucumán, el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo recibe 10 pedidos por semana de gente interesada en resolver sus diferencias por esta vía. Durante 2004, fueron iniciadas 80 actuaciones; el 70% de ellas prosperó por la comparecencia de las partes, que es voluntaria, y el procedimiento, gratuito. En el 90% de los casos iniciadas las partes llegaron a un acuerdo en temas como medianería, ruidos molestos, condominios, desalojos, etcétera.

Opciones para las partes
Pacto homologado
Las partes (concurrirán con sus abogados), no obstante, podrán dar por terminada la instancia en cualquier momento. Lo mismo ocurrirá si vence el plazo y los participantes no llegan a una salida y no acuerdan una prórroga.
Si las partes acuerdan una solución, el mediador remitirá el convenio al juez o a la Cámara correspondiente para que lo homologue. De esta manera se pondrá fin al litigio.

Proyectos en estudio
Cambios en los códigos
En la Legislatura hay pendientes de tratamiento varios proyectos de ley para regular la mediación en algunas instancias procesales. Las iniciativas prevén la incorporación de la figura en algunos códigos procesales de la Provincia, como una nueva alternativa para resolver los conflictos y para aliviar la labor en determinados juzgados. La experiencia en la Defensoría del Pueblo sustenta la intención de los parlamentarios.

Abogados apoyan la iniciativa de la Corte
El Colegio de Abogados está muy interesado en que la Corte Suprema de Justicia de la provincia habilite la mediación como vía alternativa para la resolución de los conflictos entre particulares en Tucumán.
"Lo importante de esta alternativa es que las partes asumen que tienen un conflicto y que, por medio de una discusión en un ámbito neutral, pueden ellas mismas llegar a un punto en común, a un acuerdo que las satisfaga", aseguró a LA GACETA el presidente de la institución, Antonio Bustamante.
La mediación, según el letrado, supone un importante cambio cultural. "Las partes, por su propia actuación, pueden convenir una solución. Con esto puede evitarse esa sensación que, a veces, deja la sentencia de no satisfacer la pretensión de alguna parte. Esto contribuye a elevar el nivel cultural de la ciudadanía. Muchos conflictos de todo tipo, familiares, patrimoniales y hasta penales, pueden ser resueltos por esta vía", aseveró Bustamante.
El procedimiento, que a juicio del colegio debe ser obligatorio (y no facultativo para las partes), descomprimirá la situación de los abarrotados juzgados. "A Tribunales sólo llegarán las cuestiones trascendentales y una vez que hayan sido agotadas las instancias extrajudiciales y 0judiciales obligatorias", concluyó.
Desde 1994, la entidad impulsa la mediación (tiene 200 abogados formados por medio de cursos) y hasta cuenta con una comisión sobre la materia.