22 Mayo 2005 Seguir en 
En el imaginario de los políticos la clave de conducta a observar en forma estable radica en hallar la palabra que haga clic con el sentimiento dominante en la circunstancia. La ira presidencial contra el fallo judicial que benefició con la excarcelación a Omar Chabán -aún pendiente de confirmación por la Cámara de Casación Penal- se inscribe en ese pensamiento. La división de poderes salió magullada a consecuencia de las reiteradas invectivas de Néstor Kirchner. El ataque sistemático de la Casa Rosada no hizo otra cosa que fortalecer la convicción -errada por cierto- de que el Presidente es el mayor garante de la administración de justicia en la Argentina, lo cual es función de otro poder. La pérdida de la identidad republicana a raíz del ciclo de golpes militares que destruyó la estabilidad de las instituciones, contribuyó a que se depositara en las cabezas de los poderes ejecutivos la resolución de todos los problemas, incluso los de naturaleza judicial. Así las cosas, se llegó a desdibujar la posibilidad de revisión de los fallos por la propia Justicia en sus distintos escalones. Las interpretaciones discutibles de las leyes pueden ser corregidas dentro del mismo poder.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Hilda Highton de Nolasco, ubicó la situación en su punto exacto, cuando aconsejó a los jueces ser buenos magistrados y a no dejarse llevar por la presión de la sociedad y de los poderes políticos. Una definición principista que la práctica institucional tendió a opacar en desmedro de la república misma. La jueza Highton de Nolasco reivindicó, entonces, la sana doctrina que dotó de previsibilidad y racionalidad a la Argentina durante décadas.
Los puntos de tensión
La vuelta del gobernador José Alperovich y del vicegobernador Fernando Juri reaviva la lucha política. Este se fue a Brasil con los pergaminos de arreglador del conflicto que enfrentó a los citricultores con los trabajadores rurales. Sofocó, así, el principal conflicto que se incubaba en el campo privado y que amenazaba con quebrar el ambiente de paz social que la Casa de Gobierno quiere preservar a toda costa. La rebeldía gremial perdió gravitación en el sector público tras el pacto celebrado antes del viaje de los máximos jerarcas del poder a Brasil.
El juego de las fuerzas opositoras se desplegará de un modo u otro, según fuere la determinación final de Alperovich. Si el 23 de octubre no hubiere convergencia de elecciones de diputados nacionales y de convencionales constituyentes, más de un armado antioficialista se caería en forma estrepitosa. No obstante, la sociedad Alperovich-Juri optó porque todo se vote de una sola vez en octubre. La formalidad jurídica de esa decisión demorará en conocerse un tiempo más. Alperovich no se cansa de repetir que espera ver qué hacen sus rivales antes de decretar la simultaneidad.
El vicegobernador tomará la conducción del PJ ante la licencia de Julio Miranda. Con esa tarea partidaria no podrá ser parte de la Junta Electoral Provincial (JEP), por lo que cabría que pida su excusación. La JEP adquiere valor en los comicios provinciales, pero su importancia es de grado cero cuando existe unificación de los comicios. En este último supuesto asume el control del proceso la Junta Electoral Nacional.
Los enredos surgen porque el órgano electoral provincial es un producto híbrido en el que se fusionan ingredientes judiciales (el titular de la Corte Suprema de Justicia y el ministro fiscal) y políticos (el presidente de la Legislatura). La JEP se constituyó en 1999 sólo con dos miembros del Poder Judicial: Arturo Ponsati y Antonio Gandur. La Legislatura careció de representante. En 2003, el presidente subrogante de la Cámara, Juan Antonio Ruiz Olivares, sustituyó al vicegobernador Sisto Terán, quien pugnaba por ser electo legislador. La razón de la confluencia de las elecciones de diputados nacionales y de convencionales constituyentes no es otra que asegurar la movilización de dirigentes peronistas de distintos niveles. El oficialismo avanzará en esa dirección porque sabe que el desinterés se apoderará de aquellos si sólo se sufraga por cargos legislativos nacionales.
La salida de Miranda coloca a Juri en el centro del ring. El desbande de los adictos al ex gobernador lo transforma en la referencia obligada dentro del justicialismo. Ex colaboradores de Miranda miran con recelo sus movidas y tantean nuevos escenarios. Si Juri falla en la contención de los peronistas ortodoxos, le achacarán el peso del revés. El éxito, por el contrario, consolidará su proyección futura, y preanunciará un teatro conflictivo con el gobernador. La propuesta de unificación que encarna el vicegobernador chocará con algunos escollos.
Los otros teatros
Los legisladores oficialistas se candidatearán para convencionales constituyentes con la idea de revalidar merecimientos electorales en octubre. Intentarán, de ese modo, entrar en la carrera por la reelección en 2007.
Quienes quieren desalojarlos de esas posiciones, no hallarán espacios en el actual esquema, a partir de la liquidación de la Ley de Lemas. Por eso, la escisión es un fantasma que recorre la geografía peronista de una punta a la otra. El acuerdo Alperovich-Juri no se agota en la esfera política, sino que se propaga hacia lo institucional, según se ha constatado en los últimos meses.
En el período preelectoral esa tendencia se acentuará, dado que Alperovich necesita un clima político relajado. La intervención del Epret cuando se aborda la renegociación del contrato de concesión de la luz con Edet es una pieza clave dentro de ese esquema. El ex mirandista Ruiz Olivares es candidato a ocupar la función de interventor, y se ha vuelto un hombre confiable para el Poder Ejecutivo. La Casa de Gobierno necesita de alguien que no estorbe sus planes de renegociación. Ruiz Olivares, además, le permitiría cerrar el cerco alperovichista sobre Monteros.
El menemismo ha ubicado a esa zona como el epicentro de una corriente que trata de captar el descontento justicialista con el kirchnerismo y con los alperovichistas. El ex interventor federal Julio César Aráoz asocia dirigentes con la meta de traer al ex presidente Menem a Tucumán el 4 de junio.
En medio de esa agitación, se habla de la entrada del diputado José Ricardo Falú en la arena electoral. Su nombre es el centro de múltiples conversaciones que exceden a parcelas del peronismo y a la propia UCR. No hay, no obstante, cerrado entendimiento alguno. Falú defendió a rajatabla la política kirchnerista de seguridad en días recientes. Los radicales quieren salir del letargo internista y prometen aprobar por convención la propuesta del frente cívico. Están contra reloj.
La ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Hilda Highton de Nolasco, ubicó la situación en su punto exacto, cuando aconsejó a los jueces ser buenos magistrados y a no dejarse llevar por la presión de la sociedad y de los poderes políticos. Una definición principista que la práctica institucional tendió a opacar en desmedro de la república misma. La jueza Highton de Nolasco reivindicó, entonces, la sana doctrina que dotó de previsibilidad y racionalidad a la Argentina durante décadas.
Los puntos de tensión
La vuelta del gobernador José Alperovich y del vicegobernador Fernando Juri reaviva la lucha política. Este se fue a Brasil con los pergaminos de arreglador del conflicto que enfrentó a los citricultores con los trabajadores rurales. Sofocó, así, el principal conflicto que se incubaba en el campo privado y que amenazaba con quebrar el ambiente de paz social que la Casa de Gobierno quiere preservar a toda costa. La rebeldía gremial perdió gravitación en el sector público tras el pacto celebrado antes del viaje de los máximos jerarcas del poder a Brasil.
El juego de las fuerzas opositoras se desplegará de un modo u otro, según fuere la determinación final de Alperovich. Si el 23 de octubre no hubiere convergencia de elecciones de diputados nacionales y de convencionales constituyentes, más de un armado antioficialista se caería en forma estrepitosa. No obstante, la sociedad Alperovich-Juri optó porque todo se vote de una sola vez en octubre. La formalidad jurídica de esa decisión demorará en conocerse un tiempo más. Alperovich no se cansa de repetir que espera ver qué hacen sus rivales antes de decretar la simultaneidad.
El vicegobernador tomará la conducción del PJ ante la licencia de Julio Miranda. Con esa tarea partidaria no podrá ser parte de la Junta Electoral Provincial (JEP), por lo que cabría que pida su excusación. La JEP adquiere valor en los comicios provinciales, pero su importancia es de grado cero cuando existe unificación de los comicios. En este último supuesto asume el control del proceso la Junta Electoral Nacional.
Los enredos surgen porque el órgano electoral provincial es un producto híbrido en el que se fusionan ingredientes judiciales (el titular de la Corte Suprema de Justicia y el ministro fiscal) y políticos (el presidente de la Legislatura). La JEP se constituyó en 1999 sólo con dos miembros del Poder Judicial: Arturo Ponsati y Antonio Gandur. La Legislatura careció de representante. En 2003, el presidente subrogante de la Cámara, Juan Antonio Ruiz Olivares, sustituyó al vicegobernador Sisto Terán, quien pugnaba por ser electo legislador. La razón de la confluencia de las elecciones de diputados nacionales y de convencionales constituyentes no es otra que asegurar la movilización de dirigentes peronistas de distintos niveles. El oficialismo avanzará en esa dirección porque sabe que el desinterés se apoderará de aquellos si sólo se sufraga por cargos legislativos nacionales.
La salida de Miranda coloca a Juri en el centro del ring. El desbande de los adictos al ex gobernador lo transforma en la referencia obligada dentro del justicialismo. Ex colaboradores de Miranda miran con recelo sus movidas y tantean nuevos escenarios. Si Juri falla en la contención de los peronistas ortodoxos, le achacarán el peso del revés. El éxito, por el contrario, consolidará su proyección futura, y preanunciará un teatro conflictivo con el gobernador. La propuesta de unificación que encarna el vicegobernador chocará con algunos escollos.
Los otros teatros
Los legisladores oficialistas se candidatearán para convencionales constituyentes con la idea de revalidar merecimientos electorales en octubre. Intentarán, de ese modo, entrar en la carrera por la reelección en 2007.
Quienes quieren desalojarlos de esas posiciones, no hallarán espacios en el actual esquema, a partir de la liquidación de la Ley de Lemas. Por eso, la escisión es un fantasma que recorre la geografía peronista de una punta a la otra. El acuerdo Alperovich-Juri no se agota en la esfera política, sino que se propaga hacia lo institucional, según se ha constatado en los últimos meses.
En el período preelectoral esa tendencia se acentuará, dado que Alperovich necesita un clima político relajado. La intervención del Epret cuando se aborda la renegociación del contrato de concesión de la luz con Edet es una pieza clave dentro de ese esquema. El ex mirandista Ruiz Olivares es candidato a ocupar la función de interventor, y se ha vuelto un hombre confiable para el Poder Ejecutivo. La Casa de Gobierno necesita de alguien que no estorbe sus planes de renegociación. Ruiz Olivares, además, le permitiría cerrar el cerco alperovichista sobre Monteros.
El menemismo ha ubicado a esa zona como el epicentro de una corriente que trata de captar el descontento justicialista con el kirchnerismo y con los alperovichistas. El ex interventor federal Julio César Aráoz asocia dirigentes con la meta de traer al ex presidente Menem a Tucumán el 4 de junio.
En medio de esa agitación, se habla de la entrada del diputado José Ricardo Falú en la arena electoral. Su nombre es el centro de múltiples conversaciones que exceden a parcelas del peronismo y a la propia UCR. No hay, no obstante, cerrado entendimiento alguno. Falú defendió a rajatabla la política kirchnerista de seguridad en días recientes. Los radicales quieren salir del letargo internista y prometen aprobar por convención la propuesta del frente cívico. Están contra reloj.




