Marginación de los discapacitados

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es la pérdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit en un órgano o función, y que trae como consecuencia una minusvalía en el funcionamiento intelectual y/o en la capacidad para afrontar las demandas cotidianas del entorno social. En la Argentina y en Tucumán, hay leyes que protegen a los discapacitados, pero como suele suceder con otros cientos de normas, no se cumplen o sólo se las aplica parcialmente. Las leyes 24.314 (nacional) y 6.830 (provincial) promueven la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios públicos y en los privados de uso público, y ordena que se prevean accesos, medios de circulación e instalaciones necesarias para personas con problemas motrices. Sin embargo, el cumplimiento de estas normativas está en mora en Tucumán. En el municipio capitalino, sólo dos de cada diez cuadras tienen rampas. Además, el 85 % de los edificios públicos carece de ellas y ninguno posee baños adaptados para personas con problemas motrices o sensoriales. Se estima que más del 10 % de la población tucumana padece alguna discapacidad.
A diferencia de lo que sucede en otras provincias, tampoco el transporte público está adaptado para su acceso. Esta situación también involucra a muchos taxis y remises que funcionan a gas, lo cuales se rehusan a llevar a los paralíticos porque, generalmente, no les entra la silla de ruedas en el baúl. El Código de Tránsito de San Miguel de Tucumán permite estacionar a los discapacitados en áreas restringidas por sólo 30 minutos, en contraposición a lo que señalan la leyes nacionales al respecto. Pero no sólo son las barreras arquitectónicas las que discriminan a los discapacitados; también las veredas rotas.
Por otra parte, en los hospitales, por ejemplo, los hipoacúsicos tienen inconvenientes para expresar sus dolencias porque no hay quien sepa el lenguaje de señas.
Hace pocas semanas, y luego de un pleito de años impulsado por una psicóloga, la Justicia Federal ordenó a la Universidad Nacional de Tucumán que acondicionara los accesos del Centro Cultural Virla. Ya en noviembre de 1985 se había anunciado que se instalaría en el ingreso al auditorio del Virla un montacargas; sin embargo nunca se lo puso. Ante la intimación judicial, la Secretaría de Extensión Universitaria reflotó el antiguo proyecto y prometió que la obra será finalmente inaugurada en el próximo Julio Cultural.
En 1984 se sancionó la ordenanza municipal 291, por la cual debían construirse 360 rampas en las veredas. En 2004 se hizo un relevamiento para corroborar si estas se habían hecho realidad. Se comprobó que en dos décadas sólo se habían construido 39 rampas, de las cuales, 18 estaban deterioradas o mal hechas; a 10 había que arreglarlas y sólo 11 se encontraban en buenas condiciones.
En 2004, la Legislatura sancionó una ley que permitía a las ONG proponer la construcción de obras, hasta $ 40.000, financiada por la Secretaría de Municipios y Comunas. El plan fue aprobado, pero los programas fueron congelados.
Por otro lado, si la situación laboral es crítica para cualquier persona en Tucumán, es mayor aún para las personas con capacidades diferentes. Si bien existe una ley que establece que un 4% de los puestos de la administración pública debe ser ocupado por discapacitados, en la actualidad en las oficinas del Estado sólo hay 0,25%. Miles de discapacitados luchan por conseguir un puesto y hacer valer sus derechos. Una ONG planteó en 2003 que los bancos recaudan dinero para los discapacitados a través de las multas a los cheques rechazados, pero que ese dinero no llega a las asociaciones.
Por lo visto, para nuestros gobernantes hay ciudadanos de primera y de segunda, a juzgar por esta mora prolongada en respetar los derechos de más de 150.000 tucumanos.