Los ediles tienen 15 días para rechazar un veto de Amaya

El veto parcial que firmó anoche el intendente provisorio Domingo Amaya cayó como una brasa caliente en el Concejo Deliberante de la capital.
La documentación ingresó por mesa de entradas a las 20.10, casi al cierre de la jornada laboral. Desde la presidencia del cuerpo se ordenó guardar celosamente el expediente -de casi 30 carillas-, que contiene los fundamentos por los que se objetaron las polémicas incorporaciones que había efectuado los concejales.
"Por orden de arriba no podemos dar ninguna información", afirmó un empleado del área administrativa que pidió no ser identificado.
A esa hora, casi no había empleados en el edificio. El presidente del Concejo, Ramón Santiago Cano, y sus pares justicialistas Eloy del Pino y Armando Cortalezzi (PJ) fueron los primeros en enterarse de la notificación oficial. Los tres dialogaron por varios minutos, e hicieron consultas con el secretario del cuerpo, Néstor Varela.
La noticia llegó rápidamente hasta el tercer piso. La concejala Carolina Vargas Aignasse (PJ) se enteró en su despacho de que había novedades e inmediatamente solicitó una copia de los documentos a Cano, pero el pedido fue rechazado. Entonces la concejala insistió en su planteo en una nota dirigida al presidente del Concejo y recibió la segunda negativa. Indignada, Vargas Aignasse presentó la nota al secretario del cuerpo. "Ante su negativa verbal, le solicito por escrito una copia, ya que la comunicación es inherente a mis obligaciones como concejala de la ciudad", dice la nota que recibió el secretario Varela. Sin embargo, hasta anoche Vargas Aignasse no pudo acceder a la documentación, ya que Cano se mantuvo firme en no entregarla.
"A esta hora no hay fotocopiadoras", afirmó el concejal cuando LA GACETA pidió acceso a la información. Idéntica respuesta dieron Cortalezzi y Del Pino.
Desde la intendencia tampoco se hizo público el contenido del expediente. Tras firmar los documentos, Amaya se retiró a su domicilio sin mantener contacto con la prensa. Antes había escuchado a sus colaboradores, que le recomendaron actuar con prisa. Las sugerencias apuntaban a que debía resolver la cuestión antes del regreso del gobernador, José Alperovich, para evitar influencias políticas y más presiones externas.En el Concejo Deliberante, un sector del justicialismo pretende insistir en la sanción del pliego si los 12 votos se mantienen firmes. Pero hay otro grupo de ediles que prefiere no tensar aún más las relaciones. Se teme que una decisión de esa naturaleza pueda tener un mayor costo político, a raíz de la polémica sobre la falta de transparencia. Ahora, los ediles tienen15 días hábiles para rechazar el veto de Amaya.