Furia e indiferencia

Aunque Omar Chabán es muy conocido y Raúl Oyola no aparece hoy en las portadas, tienen varias cosas en común: son responsables directos o indirectos de dos terribles accidentes que les costaron la vida a muchas personas (el incendio en el boliche República Cromagnon, hace cinco meses, y la caída de un ómnibus al abismo en la Cuesta del Clavillo, hace tres años); sus historias se vinculan a la indiferencia generalizada de la sociedad respecto de la seguridad y de las normas; y a su manera, cada uno procuró sacar dividendo de negocios que eran aceptados por la comunidad, pese a que se llevaban a cabo en forma poco regular. Uno tenía un boliche sin salidas de emergencia; el otro, un ómnibus en pésimas condiciones técnicas con el que se hacían viajes por la montaña. En el incendio del boliche de Once fallecieron 193 personas; y la caída del ómnibus al abismo en Catamarca causó la muerte de 48 peregrinos. También coinciden en que la Justicia Penal considera que sus conductas se encuadran en la del irresponsable que no tiene intención de causar daño, como el automovilista que por circular velozmente atropella a alguien. El penalista Sebastián Herrera Prieto definió estas situaciones: hechos graves en sus consecuencias, pero leves en su consideración penal.
Hasta ahí las similitudes. Se diferencian en que Chabán, que está en el centro de la justa furia de todo el país por la tragedia, no puede quedar en libertad sin riesgo de fuertes protestas en Buenos Aires. En cambio, Oyola jamás fue detenido y ahí está -se supone- tranquilo en su casa de Alberdi, mientras se sustancia el proceso en su contra. La diferencia parece consistir sólo en eso. Ambos casos han generado conmoción social, por la magnitud de las tragedias. En los dos casos la Justicia avanzó un poco más allá de la mera búsqueda de los responsables directos, y trató de procesar a las autoridades. En la Capital Federal quieren procesar a Aníbal Ibarra, y en Tucumán acusaron al ex gobernador Julio Miranda y a su ex director de Transporte, Enrique Romero. Los dos casos desnudaron no sólo falencias en los controles sino la ausencia de una política de seguridad. Por eso, después del incendio en República Cromagnon se descubrió que los boliches del país carecían de elementos de seguridad. Lo propio ocurría con la generalidad de los cines, los teatros, los pubs, y con muchos edificios públicos. Y todavía no se sabe cómo adecuarlos para hacerlos más seguros. Por otra parte, todavía siguen circulando por Tucumán ómnibus sin controles técnicos, en pésimo estado, y hay en el interior más de 3.000 remises truchos, muchos de los cuales deberían estar en un desarmadero. Las situaciones precarias de la sociedad son muchas más: no hay responsables de los animales sueltos -en todo caso, la cantidad de animales supera toda previsión que puede tener el Estado- y estamos en los albores de una nueva zafra sin que se hayan previsto medidas superadoras de los accidentes con rastras cañeras, que en 2004 causaron siete muertes.
Ni qué decir del peligro con los menores problemáticos, que causan mil dolores de cabeza por cada aspirina que puede aportar el Estado. Ahí siguen las defensorías en medio del caos y los Juzgados de Menores en oficinas sin techo. Y los chicos en conflicto con la ley continúan amontonándose en la alcaidía de la Jefatura. Se dice que son el principal problema de la Justicia Penal, pero muy poco se hace para cambiar esta situación. El riesgo es cotidiano.
La disputa entre el presidente Kirchner y los jueces puede servir para poner a la vista esas precariedades ocultas a través de estos casos dolorosos. Pero también nos dice que poco cambió. O que el reclamo ayuda a que algunos vayan presos, pero no alcanza para advertir que la Justicia es la última respuesta, tras el fracaso de otras instituciones, para que la sociedad deje de tropezar con la misma piedra.