Crisis de los deberes cívicos

El legítimo derecho a peticionar y el ejercicio de la democracia directa que la Constitución fulmina se confunden riesgosamente en el país desde hace un tiempo como consecuencia de la baja calidad de la representación política. El fenómeno se manifestó a partir de la caída del gobierno de la Alianza, con la aparición espontánea de piquetes y cacerolazos, y el desprestigio de partidos políticos y de organizaciones sindicales. Desde entonces hasta la fecha, ese modelo de protesta es el dominante en la actitud contestataria de innumerables grupos sociales, lo cual permite advertir que el rol representativo de las organizaciones intermedias de la democracia continúa en crisis. Por su parte, el Estado no contribuye a su restablecimiento y opta por ser concesivo ante las demandas sociales directas que, por la facilidad para plantearlas operativamente, han asumido un carácter simple y diverso que afecta los derechos de terceros desproporcionadamente en relación con sus reclamos. Son muy raros los centros urbanos del país donde esas manifestaciones de grupos pequeños o medianos no se improvisan para protestar sobre tal o cual decisión pública o denunciar cuestiones que perturban actividades ciudadanas.
Tanto la Capital Federal, que debería ser en ese orden el paradigma republicano de la Nación, como el conurbano metropolitano son desde hace tiempo los peores ejemplos que observa el país, pues el estado de rebeldía colectiva se intensifica en ambos sin solución de continuidad, y sin que acuda a resolverlo autoridad alguna, ni se observe empeño visible en ello. El máximo ejemplo de esa ineficiencia lo ha dado la Procuración de la Corte Suprema bonaerense, al dejar sin efecto la decisión de un fiscal de filmar toda marcha de piquete o grupo enmascarado y con garrotes, por considerar que se afectarían derechos constitucionales. A partir de ese razonamiento tan singular, el muestrario de episodios cotidianos incluye interrupciones de tránsito por ocupaciones de escuelas por facciones del alumnado exigiendo reparaciones, inclusive en numerosos casos con la compañía de sus padres; protestas con parecido estilo de grupos de ocupantes de edificios, desalojados por orden judicial; agresiones a viviendas con cortes de tránsito para repudiar a alguien, sin respeto alguno por sus vecinos, o de tanto en tanto incendios de vagones ferroviarios en patotas, por dificultades en el servicio. No se trata tanto en este caso de analizar las razones de esos actos de violencia contra los derechos de comunidades afectadas que nada tienen que ver en ello, sino de advertir que ese estilo de protesta, e inclusive con legítima causa, puede llegar a configurar un estado de descomposición social donde el principio de autoridad colapse poniendo fin a la organización comunitaria en libertad. Durante un tiempo, acosadas las autoridades públicas por la gravedad de la crisis, debieron extremar la lenidad de los sistemas de seguridad ante el temor de que la ciudadanía, insatisfecha en sus necesidades inmediatas, optase por alternativas violentas, lo que habría conducido a un nuevo colapso institucional. No es esa la situación desde que la creación de subsidios sociales para la emergencia y la gradual recuperación de la economía y del empleo indican una significativa salida de la crisis. Frente a esa realidad, no parece que los esfuerzos oficiales para recuperar el orden requerido por la vida pública sean los adecuados. Al menos no se apoyan como debieran en el espíritu constitucional requerido por los deberes públicos, sin el cual la autoridad se convierte en mera delegación administrativa y deja de ejercer el poder que la sociedad democrática confía temporalmente a los gobernantes.