El jefe municipal reunió anoche en su despacho a todo el gabinete y a otros asesores durante más de dos horas. A puertas cerradas repasó los borradores de dictámenes de las áreas de Fiscalía municipal, de Obras Públicas y de contaduría que recomiendan vetar las cláusulas más polémicas que habían introducido ocho ediles del oficialismo, tres del bussismo y Hugo Danesi, de Ciudadanos Independientes, en la última sesión, con 12 votos contra 2. Los cuatro ediles radicales se habían retirado del recinto antes de la votación más trascendental del tema residuos.
En la intendencia, el objetivo es actuar con premura para evitar hacer crecer las presiones externas que aparecen, cada día, con marcadas advertencias sobre futuras rupturas políticas dentro del oficialismo.
El expediente, que contiene una voluminosa carpeta con más de 120 fojas, sigue siendo estudiado con detenimiento por los especialistas.
En la letra chica del pliego, según trascendió, los técnicos recomendaron a Amaya que incorpore algunos condicionamientos para los futuros oferentes. También pretenden que otras cláusulas sean mejoradas en su redacción técnica.
Los asesores aconsejaron a Amaya "filtrar" el pliego de tal manera que no caiga el proceso licitatorio y que, paralelamente, sea más abarcativo y en resguardo del Estado municipal. Entre los puntos decisivos del pliego aparecen el aumento del presupuesto, lo que implica que costará más caro que la actual tarifa de $ 1,7 millón por mes.
Las condiciones empresariales que deben tener los oferentes, según lo aprobado por los ediles, también fueron observadas por los colaboradores del Departamento Ejecutivo Municipal. En este último caso, se denunció -en el recinto- que crecen las posibilidades para que continúe la actual concesionaria del servicio.
Atentamente, Amaya escuchó cada uno de los argumentos de sus funcionarios, mientras la escribana María Inés Figueroa tomó nota de las observaciones efectuadas. El trámite administrativo es complejo para los funcionarios, porque a cada veto se deben adjuntar los fundamentos correspondientes.
Desde un sector del oficialismo insistían ayer en que si Amaya decide que haya veto, entonces que sea un veto total. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada en la intendencia, porque ello implicaría hacer caer el proceso hasta el año próximo. Ergo, en agosto, cuando venza el contrato con la empresa 9 de Julio, habría que prorrogarle el contrato, una vez más, a esa concesionaria que llegó en 1991.
Obstáculo para las firmas con condenas
Las empresas dedicadas a la recolección de residuos que hayan sido condenadas por la Justicia o en sede administrativa, podrían quedar impedidas de participar en licitaciones o en contrataciones directas de servicios públicos. Así ocurrirá si prospera el proyecto de ley que ayer presentó en el Congreso de la Nación el diputado Gerónimo Vargas Aignasse (PJ).
"Lamentablemente, Tucumán vuelve a ser un triste caso testigo en el orden nacional: la firma encargada del tratamiento de la basura (9 de Julio) está penada judicialmente por incumplimiento de sus obligaciones y, sin embargo, es la firme candidata a ganar otra vez el concurso de oferentes", dijo.
La iniciativa es designada como "Régimen sobre la concesión del servicio público de recolección y tratamiento de residuos domiciliarios. Prohibiciones para empresas privadas condenadas por incumplimiento de normas ambientales de orden público". Y es acompañada por el tucumano Roque Alvarez y por sus pares del PJ, Osvaldo Nemirovsci (Río Negro), Hugo Perié (Corrientes) y Guillermo de la Barrera (Catamarca).
La propuesta incluye la creación de un registro público de las empresas de recolección de residuos que incumplieren las normas relativas al cuidado del medio ambiente. De ser convertida en ley nacional, la Provincia debería adherirse a la norma, mediante una ley de la Legislatura, para que tuviera aplicación en Tucumán.
1.- En la polémica sesión se había hablado sobre un manto de sospecha sobre el marcado interés en aprobar el pliego.
2.- La polémica creció por las incorporaciones que hicieron los ediles. "Preparan un traje a medida", dijo Jorge Mendía.
3.- La empresa 9 de Julio mantiene un absoluto silencio desde hace varios meses, a pesar de la controversia generada.
4.- Algunos concejales que aprobaron el pliego estarían dispuestos a rever su postura para evitar más costos políticos.
