Resumen para apurados
- En julio de 2026, la Fiscalía de Estado de Tucumán denunció la venta ilegal de tierras estatales en El Cadillal, donde particulares comercializan parcelas públicas a bajo precio.
- Las ventas fraudulentas operan desde 2010 usando boletos de compraventa sin valor legal. El daño ambiental incluye desmonte en áreas protegidas y reservas arqueológicas.
- La fiscal Gilda Pedicone advirtió que continuarán las acciones judiciales para frenar las usurpaciones y alertó a los compradores sobre la invalidez legal de dichos boletos.
Ampliación Villa del Parque es uno de los emprendimientos que está siendo investigado por la Fiscalía de Estado. Según los funcionarios, existen personas que continúan comercializando terrenos fiscales en El Cadillal. “La gente, al darse cuenta de que puede tener problemas con los terrenos, los está liquidando para no quedarse sin nada”, explicó Luis Agüero, uno de los residentes ocasionales de la villa turística.
Según detallaron los responsables del área encargada de resguardar los inmuebles estatales, el personal detectó que varias personas ofrecían parcelas a valores muy inferiores a los del mercado. Los casos fueron denunciados ante la Justicia. De acuerdo con las primeras averiguaciones, desde 2010 en adelante un hombre, aduciendo contar con documentación que acreditaba la herencia de esas tierras, comenzó a comercializarlas bajo el nombre de Villa del Parque. Los investigadores presumen que, a partir de 2014, amplió la extensión del emprendimiento incorporando nuevos terrenos. “Gran parte de esas parcelas se encuentran en sectores donde no se puede construir porque están ubicadas en áreas destinadas a la protección de la flora y la fauna”, explicó un funcionario. “Se subdividieron terrenos superando los límites permitidos, se desmontaron bosques nativos e incluso se realizaron construcciones sobre importantes reservas arqueológicas. El daño es muy importante”, añadió la fuente en una entrevista con LA GACETA.
“Seguimos avanzando en la detección de estos casos porque están generando un enorme perjuicio al patrimonio público”, señaló la fiscal de Estado, Gilda Pedicone. De acuerdo con las denuncias presentadas por varios compradores, el vendedor les entregó como única documentación un boleto de compraventa. Los especialistas insisten en que ese instrumento, aun cuando haya sido firmado ante escribano público, carece de valor suficiente para acreditar la titularidad de un terreno.
