La Provincia continúa avanzando en la recuperación de tierras fiscales que fueron usurpadas y comercializadas en El Cadillal. A principios de este mes, un ex policía federal fue condenado por haberse apropiado de una parcela que pertenecía a todos los tucumanos. Antes de esa sentencia, el Estado ya había logrado recuperar el predio.
Desde fines de 2024, el Gobierno puso en marcha una política destinada a recuperar parcelas de propiedad provincial que habían sido ocupadas ilegalmente. El ejemplo más concreto es lo ocurrido en la Reserva Natural de La Angostura, en Tafí del Valle. Un espacio que debía servir como refugio de la flora y la fauna había sido ocupado irregularmente. Allí se construyeron viviendas, se realizaron loteos, se desarrollaron emprendimientos turísticos e incluso llegó a funcionar una discoteca. En pocos meses, el área fue recuperada.
El otro gran desafío fue poner orden en El Cadillal. En esa villa turística se descubrió una verdadera “ensalada dominial” que todavía sigue siendo investigada. De hecho, se siguen denunciando casos de ventas de tierras fiscales en la zona.
Con el paso del tiempo, las autoridades comprobaron que se habían construido unas 1.300 viviendas sobre tierras fiscales y que menos del 10% de sus ocupantes se había incorporado al plan de regularización impulsado por la Provincia.
A través de una ley, posteriormente ampliada, el Gobierno les brindó a los tenedores de parcelas la posibilidad de realizar las adecuaciones necesarias y, mediante una licitación pública, adquirir las tierras que ocupaban. Sin embargo, la mayoría no inició los trámites correspondientes o buscó ampararse en las maniobras irregulares de algunos empleados estatales -que actualmente son investigados por la Justicia- para obtener de manera indebida títulos de propiedad.
Fuentes de la Casa de Gobierno sostienen que quienes actuaron dentro del marco legal, tarde o temprano, podrán regularizar definitivamente su situación.
La gran incógnita es qué ocurrirá con aquellos que permanecen en la irregularidad. Para resolver ese escenario parecen necesarias dos condiciones: la sanción de una nueva norma y la definición de criterios claros respecto de quienes construyeron en zonas donde la ocupación estaba expresamente prohibida.
La medida, sin dudas, generará controversias. El dilema de las autoridades consiste en preservar un patrimonio que pertenece a todos los tucumanos o priorizar los intereses de particulares que desaprovecharon la oportunidad de regularizar su situación cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo.
La discusión se produce en un momento especial para El Cadillal. La villa turística ha recuperado parte de su brillo. La reparación de la presa, entre otras obras, permitió revalorizar sus atractivos naturales. A eso se suman los trabajos de parquización y ordenamiento urbano que se vienen ejecutando. Ha llegado el momento de tomar decisiones de fondo para consolidar el desarrollo turístico de una localidad que se encuentra a apenas media hora de la capital tucumana.
