Un año recaudador

Recaudar y acumular. Recibir y presionar, pero no ahogar. La coparticipación federal de impuestos volvió a convertirse en la gallina de los huevos de oro, mientras que la política de Rentas, para recaudar cada vez más, se presenta como una suerte de látigo con el que se pretende castigar a los incumplidores consuetudinarios.
Hasta ahora, los resultados que arrojan los indicadores de ingresos en los primeros cinco meses del año permiten sostener que están por encima de las conservadoras proyecciones presupuestarias. Por esa razón, en los últimos dos años, las cuentas públicas arrojaron superávit fiscal.
Por el lado de los ingresos nacionales, Tucumán tiene ya garantías de que este mes y junio serán excepcionales en materia de reparto de fondos de coparticipación, como sucedió en 2004. Los resultados permiten al Estado contar con financiamiento suficiente para garantizar que las cuentas provinciales no cerrarán con déficit al finalizar el ejercicio, en diciembre. En otros términos, la gestión del gobernador José Alperovich afrontará las elecciones del 23 de octubre sin contratiempos financieros. Pero, como en toda época de bonanza, los empleados seguirán insistiendo en ser parte en la distribución equitativa de la mayor riqueza. En ese contexto, las luces amarillas podrían encenderse en agosto, cuando el Gobierno nacional tenga definido si es que está dispuesto o no a otorgar una mejora salarial en el sector público.
Tal vez por eso, antes de tomarse unas minivacaciones en Bahía (Brasil), Alperovich haya dado instrucciones a sus más estrechos colaboradores de no alentar recomposiciones salariales, ni anuncios de obras que impliquen mayores erogaciones al Estado.
Las políticas tributarias adoptadas por la gestión provincial también apuntan a convertir este 2005 en el año de la recaudación. El plan excepcional de facilidades de pago, instrumentado por la Dirección General de Rentas, no sólo apunta a recuperar el dinero que no ingresó al Estado, en los últimos años, fruto de la debacle económica de fines de 2001 y otro tanto por la inconducta fiscal de muchos contribuyentes. También apunta a cercar a los deudores, en particular a las grandes empresas que, por la reactivación de la economía nacional, el Gobierno piensa que tienen espalda financiera suficiente como para regularizar su situación. Para el próximo trienio se estima que el Gobierno lograría cobrar unos $ 150 millones de aquella deuda impositiva histórica.

La contraprestación
Mientras tanto, Rentas endurecerá sus acciones, tanto desde el plano administrativo como por la vía judicial, en la que se discuten no menos de 45.000 reclamos a morosos por un monto que superaría los $ 30 millones. No obstante, los contribuyentes esperan que el Estado devuelva aquel dinero en obras, es decir, en mejores rutas y calles, en una atención eficiente en los hospitales públicos, en un sistema educativo que abarque la mayor cantidad de alumnos o en el fortalecimiento de un Tucumán con plena seguridad.
De hecho, tanto dinero que se acumula en las arcas provinciales debe reforzar aquel viejo anhelo de autonomía financiera. Y en esto no sólo prevalece la independencia en la toma de decisiones por parte del Gobierno tucumano respecto del nacional, sino también en que el escenario del mediano plazo encuentra a la provincia con obligaciones ineludibles. La salida del default de la deuda pública tucumana implicará mayores compromisos del Estado, sin garantías de que el poder central otorgue nuevos préstamos para cubrir el creciente endeudamiento público local.
Al gobernador le esperan los años más difíciles de administración. La solvencia fiscal actual debe ser un resorte para el crecimiento sostenido de la economía provincial. El uso del dinero público dependerá, entonces, de una sana administración.