Leí que el diario publicó una declaración del presidente de la Cámara de Constructores del Estado, Jorge Garber, usando como título: “No se puede ir en contra del progreso”. Respondía al pedido del director de la SAT sobre detener un tiempo las construcciones de edificios. Esto ocurrió al parecer en el marco de las “audiencias” sobre un nuevo Código de Planeamiento organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. La verdad, un “pedido” no alcanza ni conmueve; debe ser una norma, una ordenanza, una ley que prohiba hasta tanto no se construyan las obras de infraestructura de necesidad y urgencia que se necesitan en el gran San Miguel: un nuevo canal de desagüe pluvial, cuyo proyecto duerme hace más de 40 años en la DPA; reconstrucción del Canal Sur; reemplazo total de la red de cloacas (¡las que datan de 1920!); red de distribución eléctrica a la vista, la que ya debiera estar totalmente enterrada, tal como lo estipulaba el primer contrato de concesión (hoy no se ve el cielo de la maraña de cables que cruzan las calles y edificios). ¿Saben los participantes de la “Audiencia para el Nuevo Código de Planeamiento” que existe un Máster Plan pagado por la Municipalidad al estudio que transformó la ciudad de Rosario? ¿Se considera en ese foro la construcción del Centro Cívico, con proyecto pagado al estudio de César Pelli y terreno asignado y cercado? Los asentamientos de familias hacinadas en barrios populares, sin servicios esenciales, ni qué hablar de la integración con la ciudad. Se trata de lo detonado que se encuentra el sistema circulatorio, peatonal y vehicular; el impacto negativo que provocaría “el progreso”, con la construcción de edificios en altura a lo largo de toda la avenida Mate de Luna. Se trata de expandir la ciudad hacia la zona sur y este, comenzando con la relocalización de oficinas públicas, que no están comprendidas en el Centro Cívico. En mucho de este “progreso” llevado a cabo por “desarrolladores inmobiliarios” un ejemplo es Yerba Buena, que pasó de “Ciudad Jardín”, al “monumento del cemento”, con su impacto negativo en servicios ya colapsados, en circulación y conexión con ciudades vecinas, ocupación indiscriminada del pedemonte. Se olvidaron del río Muerto, de los cauces naturales tapados por barrios cerrados, sin ningún tipo de regulación hídrica y ambiental. En todos estos temas, ¿cuál es la participación de la UNT, a través de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería; de la Comisión de Patrimonio Urbano; del tratamiento de la circulación ferroviaria; de vecinos organizados? Suena como que discuten sobre algo que ya está decidido, ojalá me equivoque. No se trata de “progreso”; se trata de calidad de vida, del cuidado del medio ambiente o lo que queda de él.
Ángel Salvador Logusso
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