Los ediles evalúan qué harán si finalmente Amaya aplica el veto

El nerviosismo creció ayer como una enredadera en el Concejo Deliberante de la capital, hasta envolver a varios concejales. Los ediles que aprobaron el pliego de licitación de la recolección de la basura intuyen que la intendencia impondrá el veto de la ordenanza.
Presagiando esa definición, un grupo de concejales oficialistas motorizó ayer extensas reuniones, en escenarios distintos, para determinar los pasos a seguir apenas se conozca la resolución del intendente provisorio, Domingo Amaya.
Por la mañana, algunos ediles recomendaron que no se tense la cuerda para evitar mayores costos políticos, por la polémica que generó el caso dentro y fuera del recinto. En cambio, otros aconsejaron que se mantengan firmes las incorporaciones realizadas en la letra chica del pliego, con la base de no mostrar debilidad.
Al mediodía, envalentonados en ese marco, algunos ediles oficialistas fueron a la sede de la intendencia para defender la aprobación del pliego de licitación y gestionar la promulgación de la ordenanza.
Trascendió que el encuentro se hizo en el despacho del intendente Amaya, que habría ratificado su decisión de estudiar a fondo la documentación. La discusión habría subido de tono, al punto de llegar a los insultos, según reconocieron empleados de la intendencia. Las posturas bien definidas, desde ambos lados, habrían enfrentado a los funcionarios.

Deliberaciones
Por la tarde, los teléfonos de los concejales no dejaron de sonar. Las reuniones se sucedieron una tras otra en el edificio del Concejo Deliberante y en bares del microcentro.
Los ediles que sancionaron el pliego de licitación, entre los que están ocho oficialistas, tres bussistas y Hugo Danesi (Ciudadanos Independientes) se dividió en grupos para retomar las deliberaciones internas.
Con premura intentaron definir un criterio a seguir, a partir de la ruptura del diálogo político con la Municipalidad.
Otra vez, un sector del Concejo Deliberante recomendó hacer valer en el recinto los 12 votos (2/3 del cuerpo) obtenidos en la sanción del pliego. Sin embargo, ese criterio no convenció a todos. Argumentaron que las sospechas que se denunciaron en el recinto, antes de la votación, podrían potenciarse con esa actitud.

A la espera
El presidente del Concejo Deliberante, Ramón Santiago Cano (PJ), negó la existencia de tales reuniones. No obstante, reconoció que se habla sobre la reacción del cuerpo ante cualquier decisión de Amaya. "Si el veto es total, no creo que insistamos. Estamos esperando la decisión del intendente, pero vamos a allanar el camino", afirmó anoche a LA GACETA.
El edil explicó que habló con alguno de sus pares justicialistas y que coincidieron en adoptar el mismo criterio. "Si el veto es parcial, por errores nuestros, tampoco tenemos problemas. No queremos transformar este tema en un tira y afloja, para ver quién tiene razón", remarcó.
Paralelamente, se supo que desde sectores empresariales vinculados al servicio intentaron comunicarse con la intendencia en medio de las tratativas políticas. Los teléfonos del edificio sonaron todo el día, aunque en la mayoría de los casos nadie atendió del otro lado de la línea.

Análisis
Los especialistas de la Municipalidad siguen realizando las comparaciones del pliego original con los cambios efectuados por los concejales.
El fiscal municipal, Leonardo Szchaniuk, encabeza el equipo de trabajo que analiza puntillosamente esas modificaciones. Luego, el intendente Amaya tendrá el borrador en sus manos para dar el veredicto final.

"La Constitución es de notable pobreza en lo ambiental"
"La Constitución de Tucumán es de notable pobreza en materia ambiental; por ejemplo, no consagra el derecho a un ambiente sano ni tampoco incorpora las herramientas necesarias para desarrollar una política sobre impacto ambiental y sobre educación ambiental". Así lo expresó ayer a LA GACETA -por vía telefónica- el constitucionalista Daniel Sabsay, que hoy, a las 19, firmará un convenio con el Poder Ejecutivo para realizar un relevamiento de todas las leyes vinculadas a la protección del medio ambiente.
Refiriéndose a la Carta Magna provincial, Sabsay señaló que no aplica el modelo de desarrollo sustentable de manera vincular. "Es una de las constituciones más atrasadas en esta materia", acotó.
Sobre el tema, recordó que hace unos meses la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que integra como director, suscribió con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) un convenio para que la entidad analice la normativa provincial en materia ambiental. "Se trata de identificar la legislación, determinar si hay superposiciones legales, ver cómo se cumple. Luego se hará un informe y se elevarán recomendaciones sobre la distribución de competencias al Gobierno", precisó.
"No me quiero adelantar", dijo, cuando se le consultó si el tema de la recolección y disposición de los residuos debe ser encarado por la Provincia o por el municipio. Indicó que no es conveniente dar una respuesta en medio del análisis de la legislación sobre medio ambiente local.
Mañana, Sabsay disertará en las "XVIII jornadas nacionales Ministerios Públicos" que se realizan en Tucumán. Expondrá sobre "La independencia del Ministerio Público y su inserción en las constituciones provinciales".