Policías recibían subsidios como desocupados

Trece nuevos casos de policías contratados por el Gobierno en noviembre de 2003, que cobraron planes sociales como Jefes y Jefas de Hogar Desempleados hasta marzo de 2004, fueron elevados por el fiscal federal Carlos Brito al juez federal Felipe Terán.
En su planteo, Brito solicitó que se cite a los efectivos a prestar declaración indagatoria como presuntos autores del delito de defraudación en perjuicio del Estado nacional. En su investigación, descubrió que los acusados percibieron simultáneamente el subsidio de $ 150 de la Nación como desocupados y sus sueldos de la Provincia. Esta situación configuraría un delito penal, castigado con dos a seis años de prisión e inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos.
La nueva lista se suma a los más de 120 empleados cuestionados por el fiscal federal por cobro indebido de haberes desde el comienzo de su pesquisa, el 28 de marzo de 2004, tras una publicación de LA GACETA. La mayoría de los trabajadores estatales reviste en la Policía, pero también hay casos en las secretarías de Coordinación con Municipios y Comunas Rurales y de Educación. Todos fueron citados por la Justicia a declarar en los Tribunales Federales, en rondas que comenzarán en junio.
La primera procesada por uno de esos casos fue la comisionada comunal de San Andrés, Carla Martín, cuyo expediente está todavía bajo análisis de la Cámara Federal de Apelaciones.
A fines de este mes, Brito recibiría un completo informe desde la Capital Federal, con el cruzamiento informático definitivo de todos los beneficiarios de planes asistenciales que, en el mismo momento, eran o incluso son empleados públicos. El procesamiento de los datos es efectuado por la Dirección de Sistemas Informáticos de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Trabajo de la Nación, a partir de la documentación oficial entregada por los tres poderes de la Provincia y organismos descentralizados y el padrón de la Anses de quienes recibían los subsidios.

Caso Arancibia
Brito le solicitó al juez federal Jorge Parache que disponga el careo entre Silvana de los Angeles Abacca (esposa del concejal bussista de Concepción, Horacio Esterman) y los hermanos de Raúl Arancibia, quien apareció muerto en abril del año pasado, en medio del escándalo por el cobro de los planes.
Arancibia, concuñado del edil de FR, estaba sospechado de haber cobrado irregularmente un subsidio a nombre de Abacca. Juan Domingo Arancibia declaró ante Brito que el concejal y su cónyuge reconocieron que recibían el dinero del plan social de manos del fallecido, quien sólo se encargaba de retirar los $ 150.