Riguroso análisis del pliego de recolección de la basura

El análisis del pliego de licitación del servicio de recolección de la basura que aprobaron los concejales será minucioso en la Municipalidad. Las polémicas incorporaciones que hicieron los ediles en la letra chica del texto original mantienen expectante al intendente Domingo Amaya, que debe decidir el veto o la promulgación.
El jefe municipal es consciente del costo político que tendrá su decisión y así se lo hicieron notar -en los últimos días- sus propios colaboradores. En ese escenario, Amaya no quiere equivocar el camino. Por esa razón, ordenó ayer distribuir las copias de la voluminosa carpeta a tres áreas clave de su gabinete, para que efectúen un estudio riguroso de lo que hicieron los concejales.
A la fiscalía municipal se le encargó revisar la cuestión jurídica del pliego. La contaduría se ocupará del tema presupuestario, mientras que Obras Públicas deberá expedirse sobre el aspecto técnico. Una vez que reúna los tres informes tomará la decisión final. Paralelamente, los especialistas ya pusieron manos a la obra para detectar los vicios que se denunciaron en el propio recinto del Concejo Deliberante.

Debate en el recinto
En aquella sesión, se habló de las sospechas sobre un intento de favoritismo hacia la actual concesionaria del servicio (empresa 9 de Julio). En ese punto, había hecho hincapié el concejal Raúl Pellegrini (UCR) cuando en la sesión planteó frenar el debate. "Como está claro que no tengo ninguna empresa bajo el brazo, pido que el pliego vuelva a comisión para que a la sociedad le demos un mensaje fuerte de que tenemos la valentía de ponernos de cara a la gente. Tenemos una oportunidad para aprovechar, porque toda situación que no corrijamos hoy vamos a tener una sospecha y en el futuro nos va a afectar, no sólo a la Municipalidad, sino también a este cuerpo", había expresado en el recinto durante la sesión.
También la concejala Carolina Vargas Aignasse (PJ) había pedido trabar la participación de empresas que tienen condena judicial por daño al medio ambiente, pero los votos no fueron suficientes para imponer esa iniciativa. "La empresa 9 de Julio, lo dice la sentencia judicial, le ha causado un perjuicio a la comunidad, a la salud de sus habitantes pero el daño no lo paga la empresa, sino que lo pagamos los vecinos", remarcó.Además recordó que la actual concesionaria ha sido multada en más de $ 5 millones por incumplimientos en el servicio de recolección de residuos. "¿Esto implica que la empresa ha prestado bien el servicio?¿quiere decir que podemos premiar a la empresa?", se preguntó.
En aquel momento, la concejala recomendó abrir el debate a la participación ciudadana. "La discusión tendría que haber sido más abarcativa, más transparente y más amplia, con la participación de la gente, que es la que paga el servicio. En un día o dos no se puede resolver qué está bien o mal. Yo pretendo actuar con responsabilidad", dijo y así quedó registrado en la versión taquigráfica.