Por Redacción Política
18 Mayo 2005
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La Federación Ambiental de Tucumán considera que la empresa Casino Club transgredió una decisión judicial al presentar el estudio sobre el impacto ambiental que causaría la instalación de 1.000 máquinas tragamonedas en el parque 9 de Julio.
"Es una franca transgresión a la orden judicial impartida por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La Justicia ordenó a la empresa, a la Caja Popular de Ahorros, a la Provincia y al Jockey Club que se abstengan de agravar la situación existente. Pero ahora intentan obtener el apto ambiental del proyecto cuestionado judicialmente", sostuvo el secretario general de la organización, Juan Manuel Prado Irachet.
La entidad, que cobija a diversas organizaciones no gubernamentales de la provincia, presentó en diciembre de 2004 un recurso de amparo ante la Justicia. En el planteo, argumentó que la instalación de maquinitas en los predios del hipódromo constituye un nuevo avasallamiento al parque 9 de Julio. "Esta federación -explicó Prado Irachet- objetó la utilización del parque para un destino tan controvertido socialmente como es el juego y las máquinas de azar, cuando en realidad ese paseo público es propiedad de toda la comunidad tucumana".
El titular de la organización, Pedro Ottonello, sostuvo que los intereses de una empresa privada no pueden afectar a un parque público. "Se debe respetar la función social que cumple, puesto que posibilita el sano esparcimiento de niños, jóvenes, adultos y de toda la familia", dijo.
Los ambientalistas entienden que hubo presiones hacia la Justicia desde la propia empresa y desde el Gobierno. "Fuimos respetuosos de los tiempos que requiere la administración de justicia. Siempre guardamos silencio, a pesar de las presiones que públicamente realizaron los sectores involucrados", expresaron.
Prado Irachet, finalmente, opinó que el estudio de impacto ambiental presentado por Casino Club no debería ser aprobado por la Provincia. "Realizada de acuerdo con la reglamentación vigente, jamás podría aprobarse tal evaluación, puesto que se trata de un predio que la sociedad reclama para uso comunitario", concluyó el profesional.
"Es una franca transgresión a la orden judicial impartida por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La Justicia ordenó a la empresa, a la Caja Popular de Ahorros, a la Provincia y al Jockey Club que se abstengan de agravar la situación existente. Pero ahora intentan obtener el apto ambiental del proyecto cuestionado judicialmente", sostuvo el secretario general de la organización, Juan Manuel Prado Irachet.
La entidad, que cobija a diversas organizaciones no gubernamentales de la provincia, presentó en diciembre de 2004 un recurso de amparo ante la Justicia. En el planteo, argumentó que la instalación de maquinitas en los predios del hipódromo constituye un nuevo avasallamiento al parque 9 de Julio. "Esta federación -explicó Prado Irachet- objetó la utilización del parque para un destino tan controvertido socialmente como es el juego y las máquinas de azar, cuando en realidad ese paseo público es propiedad de toda la comunidad tucumana".
El titular de la organización, Pedro Ottonello, sostuvo que los intereses de una empresa privada no pueden afectar a un parque público. "Se debe respetar la función social que cumple, puesto que posibilita el sano esparcimiento de niños, jóvenes, adultos y de toda la familia", dijo.
Los ambientalistas entienden que hubo presiones hacia la Justicia desde la propia empresa y desde el Gobierno. "Fuimos respetuosos de los tiempos que requiere la administración de justicia. Siempre guardamos silencio, a pesar de las presiones que públicamente realizaron los sectores involucrados", expresaron.
Prado Irachet, finalmente, opinó que el estudio de impacto ambiental presentado por Casino Club no debería ser aprobado por la Provincia. "Realizada de acuerdo con la reglamentación vigente, jamás podría aprobarse tal evaluación, puesto que se trata de un predio que la sociedad reclama para uso comunitario", concluyó el profesional.
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