Dicen que hay corrupción en la Justicia

Un reciente relevamiento realizado informalmente por la Fiscalía General Federal en Monteros permitió cuantificar la sensación de deterioro de la imagen del Poder Judicial. De 68 personas que respondieron una consulta (con reserva de identidad) realizada durante una conferencia sobre medio ambiente, el 95% cree que hay corrupción en la Justicia: la respuesta afirmativa fue del 53% en el ítem muchísima y del 42% en mucha. El 4% considera que hay poca corrupción y el 1%, piensa que es muy poca. No hubo ninguna opinión que sostuviera que no hay nada o casi nada de hechos corruptos en los tribunales.
Los consultados también contestaron sobre si cometían actos de corrupción en su vida diaria: el 67% aseguró que nunca lo hacía; el 29%, que a veces, y el 4% que es una práctica común. Si bien las cifras no tienen carácter estadístico, sirven como orientación sobre la percepción ciudadana. Los consultados fueron, en su mayoría, docentes, estudiantes de Polimodal, profesionales o integrantes de organizaciones ecologistas. La charla giró sobre Delito Ambiental y Corrupción, y fue dada a fines de abril por el fiscal federal general Antonio Gómez, con la organización de la agrupación Pacto Verde y del Colegio de Abogados del Sur.
Una pregunta de respuesta abierta estuvo relacionada con los motivos de la corrupción. Entre las razones, se deslizaron los aspectos económicos y el temor de los magistrados a posibles consecuencias negativas en sus pronunciamientos, en especial de carácter político. El 66% de los relevados confesó que su criterio no fue formado por experiencias propias sino por la opinión pública, contexto en el cual los medios masivos de comunicación tienen una fuerte incidencia, a criterio de Gómez. Las conclusiones fueron elevadas a la Procuración General de la Nación, como un simple informe.
Sólo la mitad de los relevados distingue entre Justicia Federal y provincial, y el mismo nivel de confusión existe respecto de las funciones de un fiscal y las de un juez, lo cual enciende luces de alarma acerca de la formación ciudadana en temas de rango constitucional y en la puntualización de las diferencias de competencias entre ambas administraciones.
En el sondeo, sólo nueve de los asistentes que devolvieron el cuestionario calificaron con seis o siete puntos la administración de Justicia. Nadie le dio un puntaje superior.