El descrédito de la Justicia

Nunca en toda su historia la Justicia nacional se ha visto enfrentada a una situación tan grave con la sociedad como en la actual. Sería un serio error atribuir esa circunstancia a la excarcelación de un imputado y procesado por homicidio simple y cohecho que, en verdad, ha renunciado a la libertad por temor a linchamiento, y cuya concesión no es firme. Se trata, claro, de la muerte masiva de 193 personas por grave imprevisión, en la que incurrieron otras, así como funcionarios públicos. Por extraordinaria y comprensible que sea la indignación entre los familiares y la gente común, sus consecuencias no provocarían, sin embargo, el alto grado de rechazo que padece nuestro sistema judicial, si no fuera por el largo proceso de deterioro a que fue sometido por la incapacidad, cuando no la corrupción, de los poderes políticos. Una breve síntesis histórica parte de 1947, con la remoción colectiva de la mayoría de los cinco miembros de la Corte, a partir de lo cual el máximo tribunal de la Nación tuvo no menos de seis relevos de esa naturaleza o cambios en su constitución para adecuarlo con el oficialismo gubernamental. No menos de 45 juicios políticos respondieron a las necesidades del poder político, sin perjuicio de que las numerosas administraciones militares se valieron de procedimientos de facto.
De ahí hacia abajo, la pirámide judicial padeció parecidos temblores, especialmente a nivel federal, con pérdida gradual de prestigio que dañó a la República hasta el punto de la última crisis, provocando fuertes reacciones con manifestaciones de rebeldía de numerosos sectores de la sociedad. Error grave, por cierto, es el de generalizar sobre la capacidad profesional y moral de los jueces.
Cuando se califica a la Justicia no se suele advertir que por cada caso excepcional y hasta relativamente frecuente de inequidad o sospecha, muchos miles en todos los niveles judiciales del país alcanzan decisiones justas por gestión de magistrados con carreras honorables. Tampoco se tienen presentes que sobrecarga al Poder Judicial, las deficiencias administrativas provocadas por ineficacias estructurales y falta de recursos, que impiden el trámite adecuado de las causas y provocan no pocas veces denegación de justicia. Consecuencia de ello es que, según datos oficiales, de 62.800 detenidos, 40.000 están procesados y podrían ser excarcelados.
Es un deber ético salvaguardar a quienes ejercen con dignidad la investidura judicial, lo que no aparece como debiera en muy buena parte de los medios cuando el escándalo aflora como en el caso que conmueve al país. Conmoviéndolos hasta el punto de observarse a la Justicia acorralada, y preocupados al jefe del gobierno federal y a sus ministros hasta tomar partido donde no deben. El país, ha clamado el más antiguo ministro de la Corte Suprema, necesita un mínimo de racionalidad; poco o nada sin esa prudencia podrá lograrse, y no sólo para poner en cauce al caso provocador. Basta pensar que por tratarse de la Justicia, tan enferma por décadas de manipulación política, la seguridad jurídica queda expuesta al descrédito más grave: ante la propia sociedad que debe ser protegida, y ante quienes esperan señales claras de transparencia y compromiso.