Afirman que hay leyes que facilitan la corrupción

Un conjunto de leyes provinciales afecta la transparencia de los actos de los poderes públicos de la provincia, según opinan los miembros de la Comisión Tucumana para el Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. En una nota dirigida al presidente subrogante de la Legislatura, Fernando Juri Debo, representantes de colegios profesionales y de ONG reclaman la derogación de esas normas.
"Su vigencia implica instalar puertas abiertas para la corrupción y conceder al Poder Ejecutivo facultades incompatibles con la Constitución y con el correcto manejo de los bienes del erario", indica el documento. Lo firman Mario Racedo (Colegio de Abogados), Luis Pulido (Colegio de Graduados en Ciencias Económicas), Teresa Piossek Prebisch y Clímaco de la Peña (Grupo Alberdi), Pedro Bazán (Fundación Cabildo), Fernando Díaz Nadal (Faro Ciudadano) y Marta Ramírez (Mujeres Universitarias).
El programa Activo por Activo (Ley 7.142) es el más cuestionado por la comisión local, que también remitió sus objeciones a la OEA, monitor del tratado.
"Aprobado por la anterior Legislatura, el programa autoriza a enajenar 91 importantes propiedades del Estado por el sistema de trueque, sin llamar a licitación pública como lo ordena el artículo 10 de la Constitución provincial. Esto implica un acto de corrupción sin precedentes", se indica en la nota.
"Tanto la ley como la creación de un fideicomiso importan instrumentos destinados a dificultar la acción del Tribunal de Cuentas -se afirma en el texto-. Tienen, además, el confesado propósito de sustraer los fondos de embargos de los acreedores del Estado. Y se encomienda la organización y el manejo del fideicomiso a la Caja Popular de Ahorros, que en estos momentos se encuentra bajo la directa dependencia del PE, ya que ni siquiera cuenta con un directorio colegiado", se critica.

Más objeciones
La entidad también reclama la derogación del "Programa de inversiones privadas con garantía de títulos de la deuda pública", que se conoce como la "Ley Dinar" (7.040). "En realidad, es un subsidio para empresas cuyos proyectos sean declarados de interés por el PE, a su solo criterio y sin límites", aseveraron. Recordaron que, mediante esa norma, se dispuso el rescate anticipado, con garantía de la coparticipación federal, de títulos que esa firma había adquirido en el mercado por un precio muy inferior a su valor nominal. Eso se debía a que, al momento de la emisión, carecían de aval y su plazo de amortización era de 16 años.
Los dirigentes sociales también pidieron que se anule el decreto 1.824/3, que creó la "Caja Unica" durante el gobierno anterior, si no hubiera sido alcanzado por la derogación establecida por la ley 7.152. "Sus disposiciones facultan al Ejecutivo a malversar caudales públicos", señala el documento.