Por Redacción Política
17 Mayo 2005
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La Justicia Federal seguirá investigando al legislador radical Roberto Palina, procesado en una causa por presunto cobro indebido de planes sociales que tenían como beneficiarias a otras personas. El hecho habría ocurrido en junio de 1995, y al dirigente se lo acusa de haberse quedado con las ayudas económicas otorgadas a Rubén Díaz y a Guillermo Arroyo mediante el Programa de Asistencia Solidaria (Proas).
La causa cobró un nuevo impulso luego de que la Cámara Federal de Apelaciones revocó una resolución del juez federal Felipe Terán, que había dispuesto el sobreseimiento del parlamentario de la UCR. Los vocales Graciela Fernández Vecino, Raúl David Mender, Ricardo Sanjuán y Ernesto Wayar concluyeron que el trámite debe continuar, porque que las pruebas reunidas no sirvieron para justificar la decisión del magistrado.
Los camaristas advirtieron que Palina no aportó la información documental que había ofrecido en su declaración indagatoria ni demostró que Arroyo y Díaz lo habían autorizado a cobrar los beneficios que se les había otorgado por el Proas. Tampoco pudo determinarse -sostuvieron- que los beneficiarios del plan hayan efectuado la contraprestación laboral obligatoria, lo que configuraría un perjuicio al erario.
"El dictado del sobreseimiento aparece apresurado y prematuro, habida cuenta de que, encontrándose la investigación en trámite, no estaría acreditado ciertamente que el delito investigado no fue cometido por el imputado", afirmó el tribunal. De acuerdo con las normas procesales nacionales, no hace falta el desafuero de Palina -como sucede en el orden provincial- para que el proceso continúe.
El otro involucrado es Luis Melchor Romano. Este y Palina está sospechados de haber cometido fraude en perjuicio de la administración pública. La pena prevista va de los dos a los seis años de prisión, con inhabilitación especial perpetua si el culpable es empleado público.
El fiscal federal general Antonio Gómez había objetado la decisión de Terán, por entender que no se habían configurado las razones de derecho (certeza) ni de hecho (aportes de nuevas pruebas) para beneficiar al imputado.
La causa cobró un nuevo impulso luego de que la Cámara Federal de Apelaciones revocó una resolución del juez federal Felipe Terán, que había dispuesto el sobreseimiento del parlamentario de la UCR. Los vocales Graciela Fernández Vecino, Raúl David Mender, Ricardo Sanjuán y Ernesto Wayar concluyeron que el trámite debe continuar, porque que las pruebas reunidas no sirvieron para justificar la decisión del magistrado.
Los camaristas advirtieron que Palina no aportó la información documental que había ofrecido en su declaración indagatoria ni demostró que Arroyo y Díaz lo habían autorizado a cobrar los beneficios que se les había otorgado por el Proas. Tampoco pudo determinarse -sostuvieron- que los beneficiarios del plan hayan efectuado la contraprestación laboral obligatoria, lo que configuraría un perjuicio al erario.
"El dictado del sobreseimiento aparece apresurado y prematuro, habida cuenta de que, encontrándose la investigación en trámite, no estaría acreditado ciertamente que el delito investigado no fue cometido por el imputado", afirmó el tribunal. De acuerdo con las normas procesales nacionales, no hace falta el desafuero de Palina -como sucede en el orden provincial- para que el proceso continúe.
El otro involucrado es Luis Melchor Romano. Este y Palina está sospechados de haber cometido fraude en perjuicio de la administración pública. La pena prevista va de los dos a los seis años de prisión, con inhabilitación especial perpetua si el culpable es empleado público.
El fiscal federal general Antonio Gómez había objetado la decisión de Terán, por entender que no se habían configurado las razones de derecho (certeza) ni de hecho (aportes de nuevas pruebas) para beneficiar al imputado.
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