En la Argentina funcionarios de distintos signos políticos dejaron sus cargos cuando quedaron bajo sospecha por presuntas maniobras financieras o hechos de corrupción. Felisa Miceli, Ricardo Jaime, José López y María Julia Alsogaray son algunos ejemplos de una regla básica de la democracia: ante una denuncia grave, corresponde investigar. Por eso resulta indignante la defensa incondicional que Javier Milei ha desplegado frente a los cuestionamientos que involucran a Manuel Adorni. Más grave aún es la conducta de los diputados oficialistas y sus aliados, que optaron por bloquear mecanismos de control e investigación en lugar de favorecer la transparencia. Quienes llegaron al poder prometiendo terminar con la casta, combatir los privilegios y someter a todos al escrutinio público hoy parecen sostener una vara distinta cuando las sospechas alcanzan a los propios. No se trata de condenar sin pruebas, sino de permitir que las instituciones investiguen sin obstáculos. Impedir o desalentar una investigación no protege la inocencia; protege la opacidad. Y cuando un gobierno elige cerrar filas antes que promover la transparencia, deja de defender principios para defender intereses. La verdadera casta no es la que se denuncia en los discursos, sino la que utiliza el poder político para evitar controles y rendir cuentas ante la sociedad.
Williams Fanlo
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