El futuro es ahora

El suicidio de un adolescente adicto en el calabozo de una comisaría exhibe las debilidades de un Estado en el que la burocracia puede vencer a la vida, y de una sociedad que no sabe qué hacer con su futuro. Sus chicos.
La crónica policial informa que el viernes, en una comisaría de Famaillá, un chico de apenas 14 años que acababa de ser entregado por un padre impotente para manejar los arranques de violencia de su hijo adicto, se ahorcó con su propia remera. Las autoridades del Hogar Belgrano afirman que el chico había llegado al establecimiento -que en la actualidad es de puertas abiertas- por "carecer de guardador legal". Según la información policial, entre las "pertenencias" del chico, que debería haber estado sentado en un banco de 9º año de la escuela estudiando sus derechos constitucionales, había marihuana y pegamento. Esa tragedia-que no es una tragedia individual, sino colectiva- dispara varios interrogantes. La primera pregunta es qué es lo que lleva a un padre a entregar a su propio hijo a una comisaría. Una respuesta posible es que el Estado tucumano sigue en mora en la administración de la Justicia de menores. Que no es otra cosa que el cumplimiento de las reglas de Beijing y de otras resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con respecto a los adolescentes en riesgo, y a las cuales el Estado argentino está adherido. Entre las orientaciones fundamentales de esas resoluciones se establece la necesidad de evitar la institucionalización, y de enfatizar en las medidas de prevención y de contención social y familiar. No es una deuda nueva, en un Tucumán que ostenta un 52,4 % de pobres y un 18 % de indigentes, (datos del segundo semestre de 2004 del Indec). Más allá de la estadística, la temperatura social indica que la mayoría de los adolescentes capaces de delinquir lo hacen porque han caído en la espiral de la droga. Y delinquen para seguir sosteniendo su adicción. Lo que indica que, si bien la pobreza es un eje de la cuestión, faltan políticas activas inclusivas que integren la prevención y tratamiento de las adicciones.
Por lo que muestran las evidencias, los institutos de menores como el Belgrano, el Roca (cuya ampliación edilicia está pendiente, con una licitación de obras en marcha) o el Goretti, no pueden contener a esa población tan singular, aunque se lo propongan. Como se sabe, si bien los institutos dependen del área de Minoridad, el Roca y el Goretti son "custodiados" por policías. ¿Puede un policía contener a un adicto por otras vías que no sean las represivas? Tal parece ser un eje del debate: de un lado, los "garantistas" se expiden en contra de la institucionalización; del otro, hay quienes observan que esa población que escapa a las normas y a la comprensión del mundo adulto exige mayores controles.
Lo que está más allá de toda discusión entre garantistas y "duros" es que en Tucumán no hay un centro de tratamiento de adicciones con internación. Que debería haber sido el ámbito natural para el adolescente de Famaillá que terminó con su vida en un calabozo, y para decenas de jóvenes tucumanos a quienes en estos últimos meses sus padres (y un propio juez de menores tucumano) terminaron internando en "centros de rehabilitación" de la provincia de Buenos Aires que habrían resultado ser cárceles encubiertas.
El radical José Cano presentó en la Legislatura un proyecto para la prevención y asistencia de las adicciones, que podría ser modificado si el Gobierno decide instalar en Tucumán un centro de rehabilitación para adictos, con internación. Los tiempos del Estado suelen ser eternos. Sin embargo, para los centenares de chicos y adolescentes adictos que podrían terminar en un calabozo como el de Famaillá, ese tiempo es "ahora".