El oscuro juicio a la Corte Suprema

El oscuro trayecto político que está recorriendo el juicio parlamentario a la Corte Suprema de la Nación es otro modelo para desterrar sin demoras de la vida pública argentina. Sus orígenes, el trámite de comisión y el virtual archivo que lo bloquea avergüenzan a la República sin provocar rubores en la clase política, castigando así una vez más a un vasto sector ciudadano acorralado por la violación del derecho de propiedad por el Estado. Como es notorio, fue el actual Gobierno el que, al asumir su gestión hace algo más de seis meses, se dispuso ante el Congreso a promover esa decisión, recogida de inmediato por el oficialismo parlamentario y otros sectores políticos. Entre ellos, la Unión Cívica Radical, que invocó razones silenciadas durante los dos años de su gestión al frente del Poder Ejecutivo.
Consecuente con ese paso, se generaron dificultades con el máximo tribunal de Justicia, a la vez que comenzó a crecer el número de acciones de amparo con resultados favorables para los ahorristas, amenazando con una crisis terminal del sistema financiero ante la virtual pasividad de la Corte Suprema. Ni siquiera la llamada ley antigoteo pudo impedir ese drenaje, por falta de una definición definitiva de la Justicia a propósito de su constitucionalidad.
Mientras avanzaba hacia su consumación el juicio político alentado inicialmente desde el Poder Ejecutivo, el Presidente y los sucesivos ministros de Economía se sintieron obligados a rectificar lo que en poco tiempo más fue secundado, salvo algunas excepciones, por el partido oficialista, dejando así sin posibilidad de tratamiento por la Cámara de Diputados, al dictamen de comisión.
Esa virtual paralización ha derivado en los recientes días en la resistencia opositora a prestar quórum para impedir que el oficialismo desplace definitivamente la frustrada iniciativa, pero es vox populi que la Corte está ejerciendo presión para que el dictamen se archive, mediante su prolongada abstención a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley antigoteo.
Mientras tanto, el ministro de Economía acaba de afirmar que las cifras globales de salida de fondos de la banca mediante amparos judiciales están demostrando una tendencia acelerada peligrosamente.
Desde el punto de vista político, la situación descripta presenta un marco de sordidez que afecta profundamente al proceso de transición y justifica moralmente al creciente sector de la sociedad que demanda la caducidad y relevo de todos los cargos públicos, incluidos los de la Corte Suprema.
Error tras error se han ido acumulando sobre el conflicto, de tal manera que en la convicción más generalizada aparece como una maniobra para el intercambio de favores políticos entre el Gobierno y la Justicia, que desacredita gravemente la seguridad jurídica cuando la Nación más necesita testimoniarla.
A esa actitud contradictoria del oficialismo debe agregarse el problema provocado por la oposición y algunos legisladores justicialistas al promover un juicio político conjunto a la totalidad de los miembros del tribunal en lugar de personalizarlo, lo cual dio lugar a una fuerte politización que confunde a la sociedad y hace más profunda su desconfianza en las instituciones.