Resumen para apurados
- Organizaciones de Tucumán pidieron esta semana al Senado de la Nación rechazar la reforma de la Ley de Tierras para evitar la libre extranjerización de recursos estratégicos.
- El proyecto oficialista busca derogar límites de la Ley 26.737 de 2011, que restringe al 15% la propiedad extranjera de tierras rurales y protege los cuerpos de agua estratégicos.
- Las entidades advierten que liberar la venta de tierras a privados extranjeros afectará la soberanía alimentaria y el control territorial, por lo que instan a frenar la norma.
Un conjunto de organizaciones sociales, sindicales y políticas de Tucumán presentó un documento dirigido a los senadores en el que solicita rechazar el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo nacional que modifica el régimen de propiedad de tierras rurales.
La iniciativa, que se debate en el Senado bajo la denominación de “inviolabilidad de la propiedad privada”, es cuestionada por los firmantes porque consideran que implica una derogación sustancial de la Ley 26.737, sancionada en 2011 para limitar la extranjerización de tierras rurales en Argentina. En ese sentido, solicitan a los senadores que voten en contra de la iniciativa.
La ley actual
Según el texto, la normativa vigente establece que no más del 15% de las tierras rurales del país pueden quedar en manos extranjeras, fija restricciones por nacionalidad y determina topes de superficie para cada propietario extranjero. Además, prohíbe la adquisición de inmuebles que contengan cuerpos de agua permanentes de relevancia estratégica.
La CTA Autónoma, la Unión Progreso Social, Convergencia de Peronistas, Los Irrompibles y el Partido Laborista, entre otros, sostienen que el dictamen impulsado por legisladores de La Libertad Avanza elimina esas limitaciones al derogar artículos centrales de la ley. En particular, advierten que las restricciones quedarían circunscriptas a Estados extranjeros, mientras que personas físicas y empresas privadas de capital foráneo podrían adquirir tierras sin los límites actualmente vigentes.
También cuestionan la eliminación del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, organismo que integra a las provincias en la administración y control de este recurso.
Las organizaciones señalan que la tierra rural constituye un recurso natural estratégico vinculado a la soberanía alimentaria y el control territorial. Afirman que la compra de tierras por parte de actores extranjeros no puede equipararse a inversiones productivas destinadas a generar empleo o incorporar tecnología.
