Dos desastres ambientales registrados en menos de una semana encendieron una señal de alerta. No sólo porque algunas industrias, pese a que se trata de una conducta prohibida, continuarían arrojando desechos contaminantes a ríos y arroyos. También porque estos episodios dejaron al descubierto que los mecanismos de control del Estado no estarían funcionando con la eficacia necesaria.
La semana pasada, vecinos de Bella Vista denunciaron una mortandad de peces en el arroyo del Rey. Días después, un pescador registró en video otro grave episodio ambiental en el río Salí, a la altura de Los Bulacio. Es saludable que ciudadanos preocupados por la preservación de los recursos naturales se conviertan en una suerte de “vigías ambientales”, capaces de advertir situaciones que muchas veces escapan a los controles oficiales. Sin embargo, esa participación ciudadana no puede reemplazar la responsabilidad indelegable del Estado. Por el contrario, debería complementarse con canales ágiles y eficientes que permitan recibir denuncias, verificarlas rápidamente y actuar en consecuencia.
La reacción oficial, en ambos casos, fue rápida. En Bella Vista se inició una investigación y, tras detectar indicios de contaminación, se ordenó la suspensión de actividades del ingenio involucrado mientras avanzan las pericias para determinar responsabilidades y eventuales sanciones. En Los Bulacio también se activó el protocolo correspondiente y quedaron bajo investigación un ingenio y una empresa citrícola.
Sin embargo, estos antecedentes vuelven a poner sobre la mesa una discusión de fondo: la necesidad de fortalecer los controles preventivos. La protección ambiental exige una presencia permanente del Estado. De poco sirve intervenir cuando el daño ya se produjo, los peces murieron y los ecosistemas fueron afectados. La prevención debe ocupar un lugar central en cualquier política ambiental seria.
Tampoco alcanza con la aplicación de multas económicas. Cuando existen conductas que provocan daños ambientales graves, las consecuencias deben ser proporcionales a la magnitud del perjuicio ocasionado. En los últimos años, la Justicia Federal avanzó con procesamientos e incluso condenas contra empresarios acusados de contaminar cursos de agua. No se trata de una cuestión menor: está en juego la salud de la población, la preservación de los recursos naturales y la calidad de vida de las futuras generaciones.
