Resumen para apurados
- El fiscal Toranzos pidió en Salta penas de hasta 16 años para siete miembros de una banda narco, incluidos gendarmes, por traficar 334 kilos de cocaína durante el año 2024.
- La banda coordinaba envíos por WhatsApp y usaba conocimientos de seguridad para evadir controles. La droga fue incautada en dos operativos realizados en mayo y octubre de 2024.
- Mientras se espera la sentencia del tribunal, el fiscal exigió decomisar bienes de la banda y cuestionó el uso de capacitación estatal para facilitar el tráfico de drogas.
El fiscal federal Ricardo Toranzos solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para siete integrantes de una organización narcocriminal acusada de transportar 334 kilos de cocaína en dos operativos realizados en Salta durante 2024. Entre los imputados figuran gendarmes en actividad, exintegrantes de la fuerza y aspirantes a incorporarse a Gendarmería Nacional, quienes ya fueron declarados responsables por el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta.
Durante su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió la pena máxima de 16 años de cárcel para Richar Ariel Delgado, Gabriel Ruiz Apaza y Jonathan Leonel Ostapowicz, considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas en dos hechos distintos. También requirió una condena de 13 años para el exgendarme Adrián Emilio Escarlata, mientras que para el cabo primero de Gendarmería Diego Hernán Delgado solicitó inicialmente 14 años, aunque redujo el pedido a 9 años y 6 meses debido a un acuerdo de colaboración. Para Federico Rubén Batista y Francisco Agustín Flores, señalados como partícipes secundarios, requirió tres años de prisión en suspenso.
La fiscalía sostuvo que la banda operaba mediante una estructura organizada y estable, con funciones claramente distribuidas. Según la investigación, los integrantes coordinaban las maniobras a través de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde compartían instrucciones para ocultar la droga en vehículos, organizar los traslados y distribuir las ganancias. Los acusados utilizaban camionetas adquiridas en el NEA para evitar sospechas y aprovechaban conocimientos adquiridos dentro de las fuerzas de seguridad para reducir riesgos en los controles de ruta.
La causa se inició a partir de dos procedimientos. El primero ocurrió el 19 de mayo de 2024 en General Pizarro, donde fueron secuestrados 303 kilos de cocaína transportados en una camioneta Toyota Hilux conducida por un gendarme. El segundo tuvo lugar el 26 de octubre en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera, cuando se hallaron 31 kilos de cocaína ocultos en la rueda de auxilio de una Volkswagen Amarok conducida por un exintegrante de la fuerza.
Además de las condenas, el fiscal pidió el decomiso de una vivienda ubicada en el barrio Municipal de Orán, considerada el centro de operaciones de la organización, y de tres camionetas utilizadas para el transporte de la droga y tareas de vigilancia. Toranzos remarcó que la cocaína secuestrada en ambos procedimientos tenía capacidad para producir más de dos millones y medio de dosis y cuestionó que los acusados hayan puesto “al servicio del narcotráfico” la capacitación recibida por parte del Estado. El tribunal dará a conocer la sentencia en los próximos días.
