Militares podrán tener un segundo empleo: el Gobierno los habilitó a trabajar como Uber, repartidores o en seguridad privada
La resolución llega en un contexto marcado por reclamos salariales y cuestionamientos por la pérdida de poder adquisitivo del personal militar. No hay aumentos, pero hay permisos.
Resumen para apurados
- El Gobierno argentino autorizó este mes a militares a tener segundos empleos en el sector privado para compensar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios.
- Impulsada por Defensa, la flexibilización surge ante reclamos por el atraso de los haberes frente a la inflación, levantando restricciones históricas sobre el empleo privado.
- La medida abre un debate sobre la profesionalización de la defensa nacional y contrasta con las promesas oficiales de jerarquizar y revalorizar a las Fuerzas Armadas.
El Gobierno nacional autorizó al personal de las Fuerzas Armadas a desarrollar actividades laborales complementarias fuera de su horario de servicio, una medida que busca aliviar la situación económica de miles de efectivos cuyos salarios quedaron rezagados frente al aumento del costo de vida.
La decisión, impulsada por el Ministerio de Defensa, flexibiliza las restricciones que hasta ahora limitaban la posibilidad de que soldados, suboficiales y oficiales desempeñaran trabajos privados. De esta manera, los integrantes de las Fuerzas Armadas podrán sumar ingresos mediante tareas compatibles con la función militar, como conducción en plataformas de transporte, reparto de pedidos, seguridad privada y otros servicios.
La resolución llega en un contexto marcado por reclamos salariales y cuestionamientos por la pérdida de poder adquisitivo del personal militar. Durante los últimos meses, distintos sectores vinculados a las Fuerzas Armadas advirtieron sobre las dificultades que enfrentan numerosos efectivos para cubrir gastos básicos y sostener a sus familias con los ingresos actuales.
Debate por los salarios de las Fuerzas Armadas
La medida generó una inmediata repercusión porque expone una realidad que hasta hace algunos años resultaba impensada: militares obligados a buscar una segunda fuente de ingresos para llegar a fin de mes.
Desde el Gobierno sostienen que la iniciativa amplía la libertad laboral de los efectivos y les permite aprovechar oportunidades económicas fuera de la jornada de servicio. Sin embargo, las críticas apuntan a que la autorización representa un reconocimiento implícito de que los salarios actuales no alcanzan para cubrir las necesidades de una parte importante del personal.
El debate también se trasladó al plano político. Durante la campaña presidencial, Javier Milei había prometido fortalecer y jerarquizar el rol de las Fuerzas Armadas. Para algunos sectores, la posibilidad de que efectivos deban complementar ingresos trabajando como conductores de aplicaciones o repartidores contrasta con aquellas promesas de revalorización institucional.
De la defensa nacional a la economía de plataformas
La decisión volvió a poner sobre la mesa el aprovechamiento de recursos humanos altamente capacitados. Muchos integrantes de las Fuerzas Armadas cuentan con formación en logística, comunicaciones, inteligencia, operaciones especiales y conducción estratégica, conocimientos que ahora podrían combinar con actividades alejadas de su especialización profesional para compensar la caída del poder adquisitivo.
La imagen de militares desempeñándose como choferes de Uber, repartidores o trabajadores eventuales se convirtió en uno de los aspectos más discutidos tras la resolución. Para algunos, se trata de una alternativa legítima para mejorar ingresos; para otros, evidencia una situación salarial que requiere una solución estructural.
El ajuste y la situación económica en Defensa
La autorización se produce además en medio de denuncias por recortes presupuestarios y restricciones de gastos dentro del área de Defensa. Asociaciones vinculadas al personal militar vienen alertando sobre la pérdida de poder adquisitivo de salarios y haberes, una situación que también afecta a retirados y pensionados del sector.
Mientras el Gobierno presenta la medida como una herramienta para ampliar oportunidades laborales, la discusión de fondo sigue siendo la misma: cuánto debe ganar un integrante de las Fuerzas Armadas para no depender de un segundo empleo. La resolución abrió un debate incómodo sobre la realidad económica de quienes tienen a su cargo la defensa nacional y sobre el nivel de ingresos necesario para garantizar una carrera militar plenamente profesionalizada.
