Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por "abuso de confianza" y despojo a una víctima de abuso

Una joven tucumana denunció, además de penalmente, ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados a sus ex representantes legales, Alfredo y Silvia Aydar, por una posible maniobra de defraudación por administración fraudulenta, estafa, retención indebida de fondos y extorsión.

La presentación, realizada luego de un allanamiento de los estudios de los letrados y la imposición de restricciones perimetrales, denuncia un ardid basado en el miedo y la manipulación psicológica para arrebatarle el control fiduciario de los millones que había obtenido como reparación integral en una causa por abuso sexual.

A la par del avance de la investigación penal, la denunciante rechazó un ofrecimiento de 12.000.000 de pesos en efectivo realizado por los acusados para extinguir la acción penal, calificándolo como una "insuficiencia manifiesta" que busca garantizar la impunidad de un hecho con trascendencia institucional.  

El caso, investigado por el fiscal Carlos Saltor, se originó tras la denuncia de T. C., una joven de 21 años que recurrió al fuero penal al descubrir el vaciamiento de su patrimonio. El capital en disputa procedía de una salida alternativa acordada en septiembre de 2025 ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual N° 1, en el marco de la causa por abuso sexual seguida contra un ex concejal. En dicho acuerdo, se había establecido como pago resarcitorio y cancelatorio único la entrega a la víctima de una camioneta Ford Ranger Limited 4x4 modelo 2023, valuada teóricamente en 50 millones de pesos, fijándose además de forma expresa que la totalidad de los honorarios de los profesionales intervinientes debían ser soportados por el propio abusador denunciado.  

La secuencia presuntamente delictiva comenzó a gestarse después de la firma del convenio, cuando los hermanos Aydar impidieron, dice la denuncia, que la joven dispusiera materialmente del rodado, el cual permaneció retenido hasta su venta forzosa el 12 de noviembre de 2025 por 33,5 millones de pesos. Según la presentación de la joven, tras esto, los abogados le aseguraron que su domicilio era inseguro, que era inminente la llegada de un nuevo "corralito" financiero y que el propio abusador enviaría a personas armadas a su hogar para asaltarla y recuperar el efectivo. La joven accedió a trasladar 30 millones de pesos en efectivo al estudio jurídico de los denunciados. Sin firmar ningún mandato de administración, contrato de depósito, mutuo o fideicomiso, el dinero de la indemnización quedó bajo la órbita de control discrecional de los profesionales, quienes, según la denuncia, bloquearon el libre acceso de la titular a sus fondos. A partir de ese momento, cada vez que la joven requería retirar dinero para cubrir las necesidades básicas de su hijo recién nacido, era obligada a pedir autorizaciones previas y rendir explicaciones a través de WhatsApp, tal como quedó certificado en las actas notariales.  La crisis fiduciaria se desató cuando Alfredo Aydar le notificó a la víctima que "la operación ya estaba hecha" y que había extraído diez millones de pesos de su capital para colocarlos en dos supuestos préstamos de mutuo a favor de terceras personas no identificadas en la provincia de Santiago del Estero, alegando un supuesto rendimiento de intereses en pesos. Para justificar la retención del dinero, los hermanos Aydar pretendieron deducir la suma de 2.340.000 pesos en concepto de honorarios por otros procesos conexos de amenazas. Alfredo Aydar le aseguró a la joven que se habían presentado "más de 100 escritos" judiciales y que cada consulta escrita tenía un costo de 650.000 pesos, una cifra que la denunciante tachó de mendaz y extorsiva al constatar que solo había firmado dos presentaciones reales y que los abogados le habían garantizado que no le cobrarían honorarios a ella.

Frente a este panorama, la mujer radicó la denuncia penal que llevó a la jueza Cynthia Rocha, a ordenar el allanamiento y registro de los estudios jurídicos y de la residencia particular de Alfredo Aydar, donde se secuestraron computadoras, dispositivos de almacenamiento y los teléfonos celulares de los imputados.

Luego, los abogados intentaron activar una salida alternativa para frenar la persecución penal. Alfredo y Silvia Aydar presentaron un escrito ante la Unidad Fiscal solicitando la aplicación de un "criterio de oportunidad" mediante el instituto de la reparación integral. En la presentación, ofrecieron entregar a la denunciante la suma de 12.000.000 de pesos en un solo pago en efectivo de manera inmediata, con la condición de dictar la posterior extinción de la acción penal, dejando expresamente asentado que formulaban dicha propuesta "sin asumir ningún tipo de responsabilidad, participación ni reconocimiento en los hechos materia de investigación".

La fiscalía busca determinar el destino final de los fondos vinculados a la tasación original de la camioneta de 50 millones, el producido de su venta por 33.500.000 millones, los desvíos inconsultos a Santiago del Estero y las retenciones por honorarios no pactados, por lo que la cifra ofrecida dista de cubrir los daños y perjuicios reales contemplados por la legislación.

Finalmente, el conflicto sumó una nueva vía institucional con la formalización de la denuncia ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de Tucumán el 3 de junio de 2026, donde se calificó el accionar de los profesionales como un "claro ejemplo de abuso de confianza" y una violación flagrante a los deberes de lealtad, transparencia y buena fe fiduciaria. La presentación concluyó advirtiendo sobre la existencia de un "interés público prevalente" que impide la clausura simplista o privada de las actuaciones, argumentando que la gravedad institucional de que dos auxiliares de la justicia utilicen una relación asimétrica de poder para desapoderar a una víctima de abuso exige profundizar la instrucción criminal hasta el completo esclarecimiento de los hechos y el dictado de una sentencia definitiva.

Tras el allanamiento al estudio y a su domicilio, Aydar había hablado con LA GACETA y había rechazado las imputaciones: "En el último tiempo creció fuerte mi ataque a políticos contra la corrupción. Habría que investigar si todo esto no está relacionado con mi actividad y tiene un orígen político para desacreditarme”, aseguró.