Salta: Gendarmería realizó nueve allanamientos por una presunta red de fraude con pensiones por invalidez
La investigación apunta a una organización que habría utilizado certificados médicos falsos, estudios adulterados y punteros políticos para obtener pensiones por discapacidad de manera irregular en el departamento de Anta.
Resumen para apurados
- Gendarmería realizó nueve allanamientos en Salta para desarticular una red que cometía fraude al Estado mediante la gestión de pensiones por invalidez falsas.
- La banda reclutaba a personas vulnerables a través de punteros políticos y utilizaba certificados médicos apócrifos y radiografías duplicadas para aprobar los trámites.
- La Justicia analiza las pruebas secuestradas y prevé imputar a más médicos y funcionarios implicados, mientras evalúa el perjuicio económico total ocasionado al Estado.
Una investigación federal por presunto fraude con pensiones por invalidez derivó en nueve allanamientos simultáneos realizados por Gendarmería Nacional en distintas localidades de la provincia de Salta. La causa busca desarticular una organización acusada de gestionar beneficios previsionales mediante documentación médica apócrifa y certificados de discapacidad presuntamente falsificados.
Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Salta", tras más de un año y medio de tareas de inteligencia, análisis documental y cruces de información ordenados por la Justicia Federal.
Las medidas se concretaron en las localidades de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal, todas ubicadas en el departamento de Anta.
Cómo funcionaba la presunta maniobra
Según la investigación coordinada por la Unidad Fiscal Federal de Salta, la organización habría montado un esquema destinado a obtener pensiones por invalidez para personas que no presentaban las patologías declaradas en los expedientes.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la estructura contaba con la participación de profesionales de la salud, intermediarios políticos y funcionarios que facilitaban la aprobación de los trámites.
La maniobra consistía en reclutar principalmente a familias vulnerables de la zona mediante punteros políticos que ofrecían gestionar beneficios económicos permanentes. A cambio, los beneficiarios debían responder con apoyo electoral.
Los investigadores sostienen que la operatoria habría sido impulsada por un exfuncionario municipal con influencia política en una de las localidades del departamento de Anta.
Certificados falsos y estudios médicos duplicados
Uno de los aspectos más graves detectados durante la pesquisa fue la utilización de documentación médica presuntamente falsificada para justificar discapacidades inexistentes.
Las patologías más frecuentes utilizadas en los expedientes investigados eran la enfermedad de Chagas y severas afecciones de columna vertebral.
Según la causa, médicos, bioquímicos y enfermeros emitían certificados respaldados por estudios adulterados. Además, se detectó que laboratorios vinculados a la organización habrían confeccionado resultados falsos para respaldar las solicitudes de pensión.
Los investigadores descubrieron que una misma radiografía era utilizada en distintos expedientes y que numerosos estudios clínicos presentaban similitudes incompatibles con pacientes diferentes.
Incluso, la Justicia investiga casos en los que certificados de discapacidad habrían sido firmados por personas que no poseían título médico habilitante.
Los allanamientos que complican a los sospechosos
La causa tuvo un primer avance importante en septiembre de 2025, cuando la Justicia Federal ordenó allanamientos en hospitales, clínicas privadas y domicilios particulares.
Aquellos procedimientos permitieron secuestrar documentación y dispositivos electrónicos que dieron origen a las primeras imputaciones por presunta asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A partir del análisis de ese material, la investigación avanzó hacia una segunda etapa que derivó en los nueve allanamientos realizados esta semana por orden del Juzgado Federal de Garantías N° 2.
Radiografías sin nombre y estudios positivos de Chagas
Durante los últimos procedimientos, los gendarmes hallaron una importante cantidad de documentación médica que, según los investigadores, reforzaría la hipótesis de fraude.
Entre los elementos secuestrados se encontraron radiografías de tórax y columna pertenecientes a distintas personas. Muchas de ellas presentaban diagnósticos similares y algunas tenían espacios en blanco destinados a completar posteriormente los datos del supuesto paciente.
También fueron incautados estudios clínicos con resultados positivos para enfermedad de Chagas que serían copias de análisis originales utilizados en otros expedientes.
Para los investigadores, estos hallazgos constituyen una evidencia clave sobre el funcionamiento del presunto esquema de falsificación documental.
Podrían imputar a más médicos y funcionarios
Tras los allanamientos, la Justicia Federal continúa analizando la documentación y los dispositivos secuestrados.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que las nuevas pruebas podrían derivar en la imputación de al menos ocho personas más en los próximos días.
Entre los posibles nuevos acusados figuran tres médicos y varios funcionarios con responsabilidades políticas en la provincia.
La causa permanece en plena etapa investigativa y busca determinar el alcance total de la presunta maniobra, así como el perjuicio económico ocasionado al Estado por el otorgamiento irregular de pensiones por invalidez.
