El paciente queda al final de una cadena que se rompe antes de llegar a garantizar su atención. IMAGEN ILUSTRATIVA
Resumen para apurados
- Carlos Velázquez, jubilado de 77 años, se quitó la vida en San Juan tras perder su tratamiento oncológico, exponiendo la crisis terminal del sistema de salud en Argentina.
- La crisis responde a desajustes financieros: el sector público carece de fondos para el PMO y el privado demora pagos a 90 días, agotando a prestadores y profesionales médicos.
- Expertos advierten un colapso estructural si no se regula el financiamiento y los pagos. El caso Velázquez es un síntoma de una desatención que amenaza volverse sistemática.
La muerte de Carlos Velázquez, el jubilado sanjuanino de 77 años que no pudo sostener su tratamiento oncológico, expuso una problemática que, lejos de ser excepcional, refleja una crisis más profunda y sostenida del sistema de salud argentino. Su caso generó conmoción, pero también dejó al descubierto una estructura que, según advierten especialistas, viene deteriorándose desde hace años.
Según Adrián Juárez Jiménez, consultor en organización y gestión para profesionales de la salud, lo ocurrido no es un hecho aislado sino “el final visible de una cadena que se viene rompiendo en silencio”. En ese esquema, explica, el paciente ocupa el último lugar. “El paciente es siempre el último eslabón. Cuando la cadena que lo antecede se rompe, él no tiene red. Eso es exactamente lo que estamos viendo”, contó a LA GACETA el especiaista.
El análisis apunta tanto al sector público como al privado. En el primero, el principal problema radica en la brecha entre los derechos reconocidos y su efectiva implementación. El Programa Médico Obligatorio (PMO) establece las prestaciones a las que deben acceder los afiliados, pero la falta de recursos presupuestarios impide muchas veces garantizar esos servicios. “El derecho existe en teoría, pero desaparece en la práctica cuando no hay financiamiento suficiente”, advierte Juárez Jiménez.
En el ámbito privado, la situación presenta otra cara, aunque con consecuencias similares. Las obras sociales y empresas de medicina prepaga suelen abonar a sus prestadores con demoras que rondan los 90 días. Durante ese tiempo, clínicas, profesionales y centros de diagnóstico deben sostener la atención, pagar salarios y adquirir insumos con recursos propios. “Cuando una obra social tarda noventa días en pagar, no solo perjudica al prestador: le está trasladando al eslabón más frágil de la cadena el costo de su propio desorden”, señala el especialista tucumano.
Este esquema impacta de lleno en quienes sostienen el sistema en el día a día. Médicos, kinesiólogos, odontólogos y pequeños prestadores enfrentan una carga que excede lo estrictamente asistencial: deben gestionar autorizaciones, cubrir costos crecientes y operar en un contexto de incertidumbre permanente. “Hoy muchos profesionales trabajan con estructuras emocional y económicamente agotadas”, resume Juárez Jiménez.
El resultado, advierte, es un sistema que muestra signos de deterioro en ambos extremos. Por un lado, el sector público no logra garantizar prestaciones básicas; por otro, el privado se sostiene con prestadores que financian de hecho su funcionamiento.
En el medio, queda el paciente, expuesto a las fallas de un engranaje que pierde previsibilidad. “Cuando un sistema no puede garantizar la continuidad de tratamientos complejos, deja de funcionar de manera sana y empieza a mostrar señales claras de colapso estructural”, sostiene.
Frente a este escenario, el consultor plantea la necesidad de avanzar en medidas concretas. En el ámbito público, considera indispensable que el PMO deje de ser solo una declaración de derechos y se convierta en un compromiso respaldado por financiamiento real. En el sector privado, subraya la urgencia de regular los plazos de pago a prestadores para evitar que el sistema se sostenga sobre la fragilidad financiera de quienes brindan los servicios.
Sin embargo, también advierte sobre un problema menos visible: la dependencia excesiva del esfuerzo humano para compensar fallas estructurales. “Durante años se intentó resolver todo con más vocación y más sacrificio, pero los sistemas complejos necesitan gestión, coordinación y reglas claras. Sin eso, no hay margen que alcance”, explica.
La crisis, concluye, no es coyuntural sino el resultado acumulado de decisiones postergadas. La historia de Velázquez, en ese sentido, funciona como un síntoma de una enfermedad más profunda. “La semana pasada tuvo su nombre. La semana que viene tendrá otro. Y eso, como sociedad, no podemos seguir viéndolo como inevitable”, cierra Juárez Jiménez.
