El caos en el ingreso a Tucumán por el Acceso Sur parece que no tendrá un final feliz como se proyectó hace cinco años, cuando se licitó el proyecto para jerarquizar este paso estratégico a la ciudad en un plazo de ejecución de dos años. Según lo informado por LA GACETA en los últimos días, la constructora a cargo de los trabajos, Conorvial SA, mantiene tratativas con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para avanzar con la rescisión -de mutuo acuerdo- del contrato firmado en el marco de la licitación pública nacional 36/2021.
El proyecto original era de una magnitud notable. Incluía la duplicación de la calzada en casi tres kilómetros, una rotonda en el estratégico cruce de San Andrés y dos nuevos puentes, uno de ellos sobre el río Salí. Cuando se adjudicó en diciembre de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, se anunció con bombo y platillo. El entonces ministro Gabriel Katopodis prometió que sería “la autopista más importante del norte argentino”, con una extensión final de 140 kilómetros que uniría Tucumán con la villa turística de Las Termas, en Santiago del Estero. El financiamiento estaría garantizado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y fondos del Tesoro Nacional.
Pero la realidad fue tozuda. Primero fueron las demoras por la liberación de la traza, el traslado de servicios públicos y los plazos que se estiraban. Hacia el final del mandato de Fernández, la obra ya estaba prácticamente detenida. Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, el freno se profundizó. La obra pública nacional entró en terapia intensiva y el Acceso Sur quedó primero con los plazos suspendidos y luego neutralizados, una categoría administrativa que suena técnica pero esconde un diagnóstico terminal.
Oscuridad, rutas sin demarcación, carteles ausentes y una distribución vehicular que desorienta al más experimentado. Así es el día a día en el cruce de las rutas 9 y 306, en Banda del Río Salí, un sector mal resuelto urbanísticamente donde conviven carros de tracción a sangre, motocicletas sin luces, conductores que circulan por banquinas y semáforos que parecen no servir para ordenar el caos. Esa es la primera impresión que se llevan algunos de los turistas que ingresan al “Jardín de la República”.
Otro de los problemas que se advierten al llegar al lugar es que la banquina se funde visualmente con la calzada y no hay raya divisoria que separe los dos carriles. Conducir se convierte entonces en un acto de fe. El riesgo de cruzarse con otro vehículo, de salirse del asfalto o de no advertir un obstáculo a tiempo es altísimo. En este tramo, la oscuridad y la falta de señales básicas no son un detalle menor: constituyen una sentencia de accidente inminente.
En 2022, el Gobierno nacional aseguraba que más de 30.000 vehículos transitaban por esta ruta, y prometía convertirla en la autopista más importante del norte argentino. Nada de eso ocurrió, a pesar de que las obras habían comenzado con buen ritmo. El desborde vehicular es constante. Los cruces indebidos, la falta de respeto a las normas y la aparición inesperada de vehículos sin luces convierten cada viaje en una apuesta.
El problema no es nuevo. Pero mientras la teoría se acumula en expedientes, la ruta sigue reclamando soluciones que nunca terminan de llegar. Se trata de una de las tantas carencias que caracterizan a la red vial de Tucumán, en este caso agravadas por la naturaleza de una obra prometida e inconclusa.
