La creación de nuevos partidos

En pocos días más el Congreso se abocará al debate y a la sanción de un proyecto destinado a facilitar la creación de nuevos partidos políticos. El propósito de la mayoría parlamentaria se orienta fundamentalmente a reducir las condiciones exigidas actualmente para la legalización de las organizaciones representativas, pero no contempla la habilitación de candidaturas independientes que, en todo caso, seguirán canalizándose a través del sistema partidario.
La concesión de personerías partidarias no debe perder de vista que la demandas de la ciudadanía en cuanto al régimen representativo son hoy muy diferentes de las tradicionales, como tampoco que algunas de las propuestas sobre el tema, con fuertes matices mediáticos, carecen frecuentemente de realismo e inspiración en el pluralismo democrático.
En primer término conviene advertir que, más allá de la realidad bipartidista con que suelen manifestarse las grandes tendencias políticas de la sociedad, la multiplicación de partidos es tan sólo una alternativa para contemplar adecuadamente las necesidades sociales y culturales de una democracia cuya sustancia filosófica son las libertades públicas.
Ese pluralismo partidario, más un régimen que asegure la representación de las minorías en los poderes de gobierno, control y justicia, conforman el orden funcional del sistema menos imperfecto que la historia testimonia. En el país existen 525 agrupaciones reconocidas -29 lo son de Tucumán-, de las que 39 tienen carácter nacional, lo cual permite asegurar que no es por falta de partidos que nuestro ejercicio democrático sea tan cuestionado.
Pero no sólo eso es bastante ilustrativo de la contradicción apuntada, sino que, además, desde las elecciones de octubre de 2001 hasta el 22 de mayo último, demandaron personería electoral 30 partidos de todo el país, de los que tres la han logrado hasta el momento.
De acuerdo con ese mapa partidario lo fundamental, en consecuencia, no es aliviar los requisitos para la creación de nuevas organizaciones, sino procurar que estas funcionen de tal manera que no sigan siendo señaladas por su incapacidad representativa.
Al menos, habría sido necesario el mismo interés que el Poder Ejecutivo y el Congreso están demostrando en este caso para completar la reforma política que, desde la restauración del orden constitucional, sigue demandando la ciudadanía.
Esa parsimonia sospechosa que parece extenderse de nuevo y sin remedio hasta las urnas, puede ser la causa fundada de un desborde tan riesgoso como la pretensión de algunos sectores de habilitar partidariamente a asambleas vecinales o siglas ocasionales de la protesta violenta, imposibilitadas de participar por el estado anacrónico de la organización política.
Si bien siempre son saludables las actitudes ciudadanas de organizarse para asumir responsabilidades por la cosa pública, no puede ignorarse que en la actualidad esas decisiones responden prioritariamente al descrédito que afecta a los partidos y a la mayoría de sus dirigencias, antes que a la tendencia natural de los relevos generacionales.