CASA ROSADA. FOTO X

Resumen para apurados
- Presentan en Comodoro Py dos denuncias contra funcionarios de Milei y el Banco Nación por presuntas irregularidades en créditos hipotecarios, alegando fraude y abuso de autoridad.
- La Casa Rosada prepara su defensa alegando que los préstamos cumplen requisitos legales. Tras el escándalo, Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi.
- La investigación judicial determinará si hubo trato preferencial, lo que pone a prueba el discurso de austeridad oficial y podría derivar en nuevas salidas dentro del gabinete.
El Gobierno nacional empezó a definir la estrategia legal con la que responderá a las denuncias por los créditos del Banco Nación (BN) otorgados a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo.
Luego de que se presentaran dos causas penales en Comodoro Py, que quedaron en manos de los juzgados de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, en el gobierno de Javier Milei y en la entidad financiera avanzan en la elaboración de una contestación formal que será presentada ante la Justicia en las próximas horas.
Según trascendió de fuentes oficiales, la defensa de la Casa Rosada se apoya en la legalidad de los préstamos y en que no existió ningún trato preferencial para los beneficiarios. En el Banco Nación aseguran que cada operación fue otorgada bajo las mismas condiciones disponibles para cualquier cliente que cumpliera con los requisitos de ingresos, garantías y capacidad de repago.
En esa línea, remarcan que los montos cuestionados cuentan con respaldo hipotecario y codeudores, al tiempo que buscan desactivar la acusación de un eventual beneficio político, consignó el diario "Ámbito".
La primera denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Está dirigida principalmente contra Daniel Tillard, ex presidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras del Banco Central (BCRA). La acusación pone el foco en posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La segunda denuncia fue impulsada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, junto con el diputado socialista Esteban Paulón, y quedó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. Esta presentación es más amplia porque, además de incluir a Tillard, incorpora a varios de los beneficiarios de los créditos, entre ellos Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.
El eje está en determinar si hubo trato preferencial, conflicto de intereses o condiciones especiales en el otorgamiento de los préstamos.
En paralelo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió desplazar el viernes a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras quedar involucrado en la polémica por los créditos hipotecarios. Según pudo confirmar el diario "Ámbito", la funcionaria le pidió la renuncia ese mismo día, y Massaccesi la hizo efectiva.
El ahora exjefe de Gabinete de la cartera había gestionado un préstamo hipotecario cercano a los $420 millones en el Banco Nación, uno de los montos más altos dentro del listado que incluye a funcionarios de distintos ministerios, secretarías, organismos del Estado y también legisladores.
De acuerdo con lo publicado por otros medios, la decisión de Pettovello no implicó un juicio sobre la legalidad del crédito, sino que se vinculó con criterios internos del Gobierno nacional, como la política de austeridad y el perfil de la cartera.
En ese sentido, se recordó como antecedente la salida de Constanza Cassino de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia en octubre de 2024, tras la compra de una cafetera.







