EN EL RECINTO. Los senadores aprobaron el nuevo Régimen Penal Juvenil.
La administración del presidente Javier Milei consiguió este viernes una nueva victoria legislativa. El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo (PE) apunta a dejar atrás una normativa vigente desde 1980 y reemplazarla por un esquema que, según el oficialismo, combina el endurecimiento en la edad de castigo con “una modernización total de los procesos judiciales”.
El eje central de la reforma es, precisamente, la reducción de la edad de imputabilidad. Si bien el Gobierno había planteado inicialmente bajarla a 13 años, las negociaciones parlamentarias fijaron finalmente el límite en los 14.
Cómo funcionará el nuevo régimen
La norma contempla la aplicación de medidas socioeducativas y laborales; penas alternativas en delitos con hasta 3 años de prisión; y medidas progresivas para delitos con penas de 3 a 10 años, siempre que no medie muerte o lesiones graves.
Para los delitos más graves, como homicidios, secuestros, robos violentos y abuso sexual, se prevén penas privativas de libertad en institutos especializados. La pena máxima posible será de 15 años aun cuando la escala penal o la suma de penas por concurso de delitos sea superior. Además, se prohíben la reclusión y la prisión perpetua.
El Ejecutivo había propuesto un tope de 20 años, pero el Congreso lo redujo a 15. Asimismo, la privación de la libertad solo se aplicará en casos de extrema gravedad.
En los supuestos en que el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena en detención y se den las condiciones previstas en el Código Penal para la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la condena se cumpla mediante penas alternativas a la prisión.
El texto aprobado incluye una asignación presupuestaria estimada en $23.739 millones. De ese total, $3.131 millones provendrán del Ministerio de Justicia y $20.607 millones serán asignados a la Defensoría General de la Nación.
En paralelo, durante su tratamiento en la Cámara de Diputados se incorporó a último momento un artículo que fija una partida de $23.800 millones destinada a financiar la creación del nuevo sistema procesal penal juvenil. Con esos fondos deberán afrontarse, entre otros puntos, la construcción de establecimientos específicos para adolescentes, ya que no podrán permanecer detenidos junto a mayores de edad.
La norma también habilita la firma de convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para adecuar los sistemas judiciales y de detención juvenil. Sin embargo, uno de los focos de controversia fue si los fondos nacionales serán suficientes para cubrir los costos de infraestructura que deberán asumir los distritos.
Cruces en el recinto
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y miembro informante del oficialismo, el libertario Gonzalo Guzmán (Salta), defendió la iniciativa. “Este es un régimen moderno, especializado, donde están garantizados el debido proceso y demás garantías procesales. El proyecto cumple con ese objetivo”, afirmó.
Desde la oposición, la senadora kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca) fue tajante: “Esta ley es invotable, es imposible de votar”, sostuvo, y acusó al Gobierno de utilizar el debate sobre el agravamiento de penas para menores para tapar la realidad social.
En contraposición, la radical Carolina Losada (Santa Fe) rechazó los cuestionamientos de quienes consideran que los jóvenes de 14 años no son plenamente conscientes de sus actos. “Basta de hipocresía, basta de decir que alguien no entiende lo que está haciendo; todos tenemos hijos menores de edad y sabemos muy bien que entienden”, expresó. Y agregó: “No podemos decir que un chico de 15 no es responsable o no sabe lo que está haciendo”.
También se manifestó en contra Gerardo Zamora (Frente Cívico-Santiago del Estero), quien cuestionó la orientación de la reforma. “Otra ley exitosa para mostrar que se están haciendo reformas. Está bien, pero a veces estas cosas atentan contra cualquier vestigio de consenso social en un tema delicado como este”, señaló el ex gobernador. Además, calificó la iniciativa de “inconstitucional” por considerar que “arrasa con facultades de las provincias” y les incrementa los gastos.
