Olvidado seguro de desempleo

El ministro de Economía ha manifestado que el Gobierno analiza la creación de un seguro de desempleo, pero que se trata de un estudio pendiente cuya idea general fue aceptada por el presidente Néstor Kirchner. La iniciativa contemplaría una ayuda económica por tiempo determinado, durante el que los beneficiarios deberán buscar empleo y recibir entrenamiento laboral.
No es el período electoral el adecuado para encarar un proyecto semejante, y así lo señaló el ministro, mas llama la atención que en la misma oportunidad en que se refirió al tema eludiera el hecho de que en nuestro país ya existe un seguro de esa naturaleza desde 1991, explicitado en la Ley de Empleo 24.013.
A él se pueden acoger todos los trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, de 1976, y la última referencia de que se dispone es del año 2001, cuando lo percibían 120.000 desocupados mensualmente durante un año, o de una sola vez, ignorándose la cantidad actual de beneficiarios. Se trata de una previsión prácticamente desconocida, como se advierte por la omisión que de la misma ha hecho el ministro y quienes de inmediato lo criticaron ante su parca referencia.
Otra curiosidad es que en nuestro país, largos años con gobiernos fuertemente vinculados a un poderoso sindicalismo monopólico, haya carecido de esa avanzada previsión social, pero también es cierto que fue la Confederación General del Trabajo la que, en tiempos de empleo regular, se opuso al seguro argumentando que podría ser aliciente para despidos. Esa resistencia cedió por último a la implantación del resguardo social prácticamente desconocido ahora, cuando el país comenzó a padecer niveles de desocupación sin precedentes y una creciente relación laboral en negro o irregular sin acceso al seguro de desempleo.
Cuando esa figura previsional fue puesta en vigencia hace una década, hacía años que existía, con distintas variantes, en las economías internacionales más eficientes.
De todas maneras, y como se ha señalado recientemente en este lugar -a propósito de la falla de los controles del Estado-, el seguro de desempleo tan sólo protegió a un número desproporcionadamente reducido de trabajadores, por causa de deficiencias de la autoridad de aplicación, cuyas omisiones de control alcanzaron tanto a los aportes preventivos de la relación contractual con ese fin, cuanto a la suficiente información de sus eventuales beneficiarios.
El ministro de Economía ha señalado en la misma oportunidad que la fórmula en cuestión contemplaría un subsidio para madres desocupadas con hijos menores de edad, ayuda contemplada actualmente por el Plan Familias. Es comprensible que anuncios de esa naturaleza susciten más críticas que adhesiones en un tiempo electoral como el presente.
También es cierto que las mismas provienen mayormente de ese sector tan considerable que desde los comienzos de la crisis asoció la relación política al clientelismo y se benefició en tal sentido de los planes sociales de emergencia que pretenden institucionalizar.
Los punteros partidarios y sus mandantes, y los líderes de organizaciones informales que el socaire del profundo drama social ha provocado la crisis, pretenden institucionalizar la emergencia haciendo culto del desamparo y la pobreza.
Es ya vieja en nuestro país esa clase de clientelismo que sirve a la política de turno y desprecia los valores de la genuina gestión social pública donde el Estado debe ser el gendarme regulador y las organizaciones laborales sus fiscales.
Se trata, en suma, de que la realidad socioeconómica transcurra ordenadamente, condición ineludible para que el país retorne a la normalidad perdida en rumbos extraviados, donde el poder se convirtió en meta política excluyente.