“La aplicación de la ley de narcomenudeo en la provincia, en términos generales, fue positiva, porque permitió una respuesta penal más rápida y focalizada sobre la venta minorista, especialmente en el ámbito urbano”, sostuvo el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse.
“Los datos muestran un aumento en procedimientos, detenciones y secuestros vinculados al narcomenudeo, lo que refleja una mayor capacidad de intervención del Estado en el último eslabón de la cadena. El desafío es lograr que estas causas puedan escalar hacia investigaciones más profundas”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
Vargas Aignasse afirmó que el año pasado se registraron más detenciones porque es “consistente con una estrategia centrada en la prevención y el control operativo, que produce resultados inmediatos, como interceptaciones, flagrancias y arrestos directos. La investigación compleja requiere más tiempo, recursos y equipos especializados. Hay que complementar el buen trabajo que se está haciendo en las calles”.
Crítico
El legislador José Cano se mostró crítico. “Esta norma fue vista por los gobernantes como una oportunidad para sumar votos. Entendieron que el narcomenudeo representaba un gran problema en sus territorios y una presión, tanto de los ciudadanos como de los medios. Ante esa oportunidad, algunos decidieron hacerse cargo de algo que claramente debía resolver la Nación”, opinó.
El dirigente radical agregó: “Los ‘quioscos’ de venta de drogas están muy lejos de las cadenas de producción y distribución de estupefacientes. A su vez, las pesquisas del fuero ordinario no profundizan en el flujo de ganancias de los investigados, ya sea por falta de recursos o de capacitación. De esta manera, no se llega a la fuente que genera esos ‘quioscos’”.
“A esto se suma que no hay un trabajo articulado con los fueros nacionales, ya que, como vemos con frecuencia, la Policía local realiza un allanamiento por un robo y termina encontrando grandes cantidades de estupefacientes que podrían afectar una investigación de mayor alcance”, destacó.
“La aplicación de esta norma en la provincia fue relativamente positiva. A pesar de que hubo resultados importantes en comparación con años anteriores, su impacto representa un porcentaje reducido de lo que se podría haber logrado. Eso es mejor que nada”, sostuvo Federico Pelli, diputado nacional por La Libertad Avanza.
“Creo que la Policía debería contar con un departamento de drogas o de antinarcóticos más profesionalizado, con mayores recursos y una estructura de control interno que funcione y pueda prevenir cualquier hecho de corrupción, teniendo en cuenta los casos que están siendo investigados desde el año pasado”, concluyó Pelli.
